Matilde Córdoba
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La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional firmó el dictamen de la Ley de Distribución y el Uso Responsable del Servicio Eléctrico, en la que se establecen obligaciones y sanciones para las distribuidoras de energía y sanciones penales para los usuarios que sustraigan energía y consuman más de mil kilovatios.

El proyecto de ley, que fue enviado con carácter de urgencia por el Ejecutivo en diciembre pasado, podría ser aprobado la semana próxima. El presidente de la comisión, José Pallais, aseguró que se le dio “una vuelta total” a la iniciativa enviada por el presidente Daniel Ortega.

“Es urgente facilitar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica del país instrumentos legales que les permitan acudir a los tribunales de justicia del país a fin de iniciar procesos legales contra potenciales clientes y usuarios que atenten contra la estabilidad financiera”, expresa la exposición de motivos adjunta al proyecto de ley enviada por el Ejecutivo.


Fuera cobro de energía no registrada
Pallais explicó que en la iniciativa de ley se consignan las obligaciones, infracciones y sanciones para las distribuidoras, y se suprimió el cobro de energía no registrada. “Lo único que se sanciona es la energía sustraída”, aseguró.

Las sanciones para quienes sustraigan energía están contempladas en el Código Penal. Para los consumidores de más de 500 kilovatios que sustraigan energía se les aplicará una sanción administrativa, y a los que consumen más de mil kilovatios sanciones penales que van de uno a tres años de prisión.


El problema
Para aplicar las sanciones se necesita que el Código Penal esté vigente, pero hasta la fecha La Gaceta, diario oficial, sólo ha publicado los primeros artículos. En vista de esto, los legisladores le agregaron a la ley que en un período de 60 días los artículos donde están contenidas las sanciones para quienes roben energía tendrán aplicación inmediata.

“Para mientras finaliza la ‘vacation legis’ del Código Penal, estos 15 artículos tendrían un efecto inmediato, pero provisional por 60 días”, expresó Pallais
Sin embargo, de no publicarse completamente el Código Penal en ese lapso, la ley perdería su razón de ser, pues no habría sanciones.

Esto, a juicio de Pallais, obliga al gobierno a publicar lo antes posible el Código Penal, debido a que si esta ley pierde su razón de ser, el gobierno incumpliría uno de sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).


Lo que dará Fenosa
Con la ley, Unión Fenosa tendrá la obligación de dar alrededor de 450 mil dólares al Instituto Nicaragüense de Energía, INE, para que esta instancia gubernamental supervise, explicó Pallais.

“Esta ley obliga a Unión Fenosa a invertir en mantenimiento de líneas”, continúo el legislador.