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Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, solicitarán a la presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, Miriam Argüello, que pida la comparecencia de los contralores colegiados ante esa instancia legislativa, para que informen sobre los alcances de la investigación que realizó el ente fiscalizador en torno a la denuncia que hizo el concejal Leonel Teller Sánchez sobre la supuesta malversación de fondos en la Alcaldía de Managua.

Con ello, Teller anunció ayer que los legisladores del PLC se suman a la denuncia que también presentará el concejal liberal ante el Ministerio Público, para que investigue el caso de la emisión de 157 cheques en la comuna capitalina, con el objetivo de financiar actividades partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.

Según Teller, tanto el Ministerio Público, como la Contraloría General de la República deben profundizar, por qué solo se determinó el mal manejo de 3.5 millones de córdobas a través de 32 cheques, dejando el resto de documentos por fuera de la investigación.
Agregó que en su comparecencia ante la Comisión de Probidad y Transparencia, los contralores colegiados también deben informar acerca de las más de 300 adjudicaciones sin licitación pública que hizo la Alcaldía de Managua para diversas obras en la capital.  En esas adjudicaciones, señaló Teller, existen empresas que ni siquiera son proveedoras del Estado.

Juicio político

En relación con la acusación en su contra por injurias y calumnias anunciada por la alcaldesa Daysi Torres, Teller dijo que se trata de un juicio político “elaborado en la Secretaría del Frente Sandinista”, y que habrá que esperar si también incluirá a los diputados del PLC que se sumaron a la denuncia.

Teller no solo reiteró su denuncia contra la emisión y pago de los cheques en la Alcaldía, sino también contra las irregularidades cometidas, según él, por los funcionarios del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, Irtramma, tema que también deberán abordar en la Comisión de Probidad y Transparencia del Parlamento nicaragüense a solicitud de los diputados del PLC.

Tienen esperanza de recibir notificación

Tanto el concejal liberal como el conservador, Luciano García, están a la espera de la notificación para comparecer ante el juez por la denuncia que fue interpuesta en los juzgados Tercero y Octavo Local el pasado viernes 15 de abril.

El concejal García aduce que hasta ahora no conoce el contenido de la denuncia, pero que desde ya se está preparando con sus abogados para probar que cada una de sus acusaciones están apegadas a derecho.
Los delitos de injurias y calumnias están contemplados en los artículos 202 y 203 del Código Penal, y establecen una pena que va desde 20 hasta 300 días multa en el caso de la calumnia y de 100 a 200 para las injurias.

En el caso de los concejales, de encontrárseles culpables en un juicio en el que tienen muchas dudas de cómo se desarrollará, estos tendrían que pagar al menos 50 mil córdobas por cada uno, un promedio extraído con base en la cantidad de salario que devengan mensualmente y de resarcirse de las declaraciones que han brindado.

Las acusaciones no son desde ahora, sino desde que esta administración tomó las riendas de la comuna. El concejal García aseguró que ha sido sistemático en acusar a las autoridades municipales por adjudicación de rótulos a empresas que no figuran como proveedoras, por la utilización de las rotondas para fines políticos, y por el uso indebido de combustibles para la movilización de personas afines al partido de gobierno.

Entre los dos concejales han interpuesto cuatro denuncias, de las cuales la CGR ha aceptado que investigará dos vinculadas al caso de los checazos y al de los malos manejos de los fondos de la comuna, para lo que han denominado “caja chica electoral”.