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La vocera de la Coordinadora Civil, CC, Luisa Molina, cuestionó la situación privilegiada que tiene el ciudadano libio, nacionalizado nicaragüense, Mohamed Lashtar, en contraste con el tratamiento ofrecido al misionero católico, de origen italiano, Alberto Stefano Boschi, a quien el gobierno le quitó la nacionalidad nicaragüenses cuando quiso participar en política como candidato a alcalde de Ciudad Sandino.

“Nosotros respetamos el derecho que tienen las personas de hacerse nicaragüenses como el señor Boschi, quien se hizo nicaragüense, pero después le quitaron la ciudadanía porque se metió en política, pero también este señor (Mohamed Lashtar) está metido en política, creo yo que eso es lo que tenemos que analizar…”, manifestó ayer Molina en una conferencia de prensa sobre Justicia Tributaria.

Critica el secretismo
Molina también criticó la falta de acceso a la información en el gobierno del presidente Daniel Ortega, en el sentido de que no se hace del conocimiento público quiénes son las representaciones nacionales e internacionales”, en alusión al parentesco y afinidad que tiene Lashtar con el líder libio Muammar Kadhafi.

Por su parte, Boschi está “claro” del privilegio que tiene Lashtar por ser sobrino de quien ha financiado a Ortega por muchos años, como es Kadhafi, así que considera que “no le van a crear ningún tipo de problema”. Mientras tanto, el pecado de Boschi fue querer ser opositor al gobierno, por lo cual fue reprimido, secuestrado y obligado a dejar el país, aunque sigue en Nicaragua con un estatus ilegal.

Responsabilidad de la Asamblea Nacional
En la conferencia de prensa, la vocera de la CC opinó que es responsabilidad de los diputados de la Asamblea Nacional analizar quiénes son las personas que están representando al país en el exterior. En ese sentido, planteó que la principal preocupación es que las instituciones públicas y las representaciones del gobierno, no están trabajando para el beneficio de la nación, y ni siquiera la Contraloría General de la República es un ente confiable que haga su trabajo de fiscalización de los funcionarios del Estado.