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Los miembros del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, denunciaron una serie de “vacíos y discrecionalidades” en el proceso electoral, que explicaron en el Primer Informe de Observación Electoral, enero-abril 2011, e insistieron en que la Fiscalía Electoral está facultada para actuar ante hechos tan evidentes como el proselitismo político en las instituciones del Estado, “a menos que sean ciegos”.

El informe menciona que se ha logrado identificar que de 80 municipios de los que se obtuvo reportes de la Red de Observadores Locales del Ipade, solo en 18 (22.5%) existen delegaciones de cedulación. De estos 18, hay 13 ubicadas en cabeceras departamentales. Nicaragua tiene 153 municipios.

El Ipade también destaca que en 62 municipios (77.5%) no se reporta la existencia de delegaciones municipales del Consejo Supremo Electoral, CSE, para atender la cedulación.

Partidos cedulan
En 65 de 97 municipios reportados existen oficinas partidarias que realizan el trámite de cedulación que le corresponde exclusivamente al CSE. La mayoría está a cargo del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, pero también fueron identificados tres municipios donde están cedulando otros partidos. Así, se señala que el PRN lo hace en Wiwilí de Jinotega; el PLC, en San Fernando de Nueva Segovia, y el partido Yatama, en Waspam, RAAN.

Por otra parte, el informe del Ipade asegura que “la verificación ciudadana permanente es una actividad limitada, porque en todo el período la atención solo se brinda en las cabeceras departamentales, y no será hasta el 20 de junio que se instalen los Consejos Electorales Municipales, CEM.

Difícil acceso a la verificación
En ese sentido, lo que más critica el Ipade es que los ciudadanos de los municipios más alejados de las cabeceras departamentales difícilmente pueden verificarse.

En relación con la verificación masiva en los centros de votación, según el informe, no se establece en el Calendario Electoral un fecha que facilite el acceso de la ciudadanía, por lo cual el Ipade recomienda que se adelante el día de la verificación ciudadana, cinco meses antes del día de la votación, y no tres meses antes como está establecido.

“Fiscalía Electoral debe actuar”

En relación con el fiscal electoral Armando Juárez, quien ha expresado que no van a investigar denuncias electorales que considere “políticas y manipuladas por los medios de comunicación”, el director ejecutivo del Ipade, Mauricio Zúñiga, explicó que “el patrimonio del Estado, que pertenece a todos los nicaragüenses, no necesita denuncias, porque la Ley Orgánica faculta a la Fiscalía Electoral a proceder por iniciativa propia cuando tiene conocimiento de oídas que hay actos que violan la ley”.

“Entonces, a menos que sean ciegos (la Fiscalía Electoral) puede ver que en la mayoría de las instituciones públicas hay una abierta y flagrante violación a la equidad en la competencia electoral, y al uso y abuso de los bienes del Estado, para hacer proselitismo político”, agregó Zúñiga.

El director del Ipade hizo un llamado al fiscal electoral para que “abra una investigación sobre lo que es evidente para todos, y obre en consecuencia de su función pública que es proteger los bienes del Estado”. Zúñiga manifestó que estas denuncias las tienen que hacer formalmente los partidos políticos participantes, porque el Ipade sólo cumple su trabajo de observar y de analizar el proceso electoral y de emitir un informe con los detalles.

Partidos abusan de los recursos públicos

Sobre el uso de recursos públicos en actividades partidarias, el informe del Ipade revela que se ha constatado que de 80 municipios reportados, en 31 (38.75%) se han utilizado recursos del Estado en proyección de candidatos (as) presidenciales.

Según detalla el Ipade, los bienes utilizados van desde vehículos, bienes inmuebles: oficinas, auditorios y aulas de instituciones públicas, escuelas, centros de salud y alcaldías. En ese sentido, de 80 municipios reportados, en 46 se ha identificado la utilización de oficinas del Estado en proyección de precandidatos.

El informe explica que se ha identificado al FSLN como el principal partido que usa las oficinas del Estado para campaña electoral, pero en las alcaldías de Boaco y de Quilalí, el PLC, igualmente, está haciendo proselitismo político en apoyo a su candidato presidencial.

Distribución desfasada
También cuestiona el Decreto Ejecutivo15-2011, sobre el cambio administrativo de los municipios Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes y El Rama, que fueron reubicados en el departamento de Chontales.

Sobre otros departamentos, el Ipade recomendó elegir al menos a un representante más en donde ha crecido la población.

“Existe un problema de sub representación de diputados (as) en departamentos como Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, y en las Regiones Autónomas, ya que el número de electores ha crecido y no se corresponde con el número de representantes que eligen ante la Asamblea Nacional. Esto requiere una reforma a la Ley Electoral, ya que la actual distribución de diputados se basa en el Censo Nacional de 1995, que estableció 70,000 electores por cada diputado departamental o regional. Con base en este censo y con el crecimiento de los electores en los departamentos y en las regiones mencionadas, deberían elegir al menos a un representante más”, explica el informe.