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El panorama luce sombrío. La elección de los miembros de Consejos Electorales Departamentales y Regionales es, a criterio de analistas y expertos en procesos electorales, un ensayo sobre lo que podría ocurrir durante los comicios generales.

Pese a que faltan cuatro meses para las elecciones, el Frente Sandinista aparece como el ganador de esta repartición, pues preside siete CED y un CER. ¿Qué implica esto?

El Frente Sandinista tendrá mayor autoridad y capacidad de decisión en siete departamentos y una región autónoma para nombrar a los Consejos Electorales Municipales (CEM) y por ende a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), además que tendrá más poder a la hora de otorgar credenciales a los fiscales que estarán en los CEM.

Lo que se juega en los CEM
El artículo 16 de la Ley Electoral faculta a los CED a adoptar “las medidas necesarias dentro de la ley para el buen desarrollo y culminación de las elecciones”, a denunciar ante la autoridad competente las violaciones a la legislación electoral cometidas por particulares o funcionarios públicos y sobre todo a realizar la revisión de la suma aritmética de las actas de los Consejos Electorales Municipales correspondientes, y elaborar la sumatoria departamental.

No menos importante es la función de recibir de los Consejos Electorales Municipales de su circunscripción Departamental o Regional todos los documentos y materiales utilizados durante las votaciones, conteo, escrutinio, materiales sobrantes, las actas y las bolsas selladas conteniendo las boletas electorales usadas en la votación correspondiente, debiéndose acompañar las no utilizadas, las que deberán coincidir con el total entregado y demás informes de las mismas.

CSE contrario a la ley
Los Consejos Electorales están compuestos de un presidente y dos miembros, cada uno con sus respectivos suplentes, quienes son escogidos de ternas enviadas por los representantes legales de los partidos políticos o alianza de partidos.

La Ley Electoral contempla que el presidente y el suplente de cada Consejo Electoral y de Juntas Receptoras de Votos, serán designados alternativamente de entre los partidos políticos que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales que se hayan celebrado.

Sin embargo, esta vez el Consejo Supremo Electoral le otorgó el puesto de segundos miembros y primeros miembros, en algunos casos, a los aliados del

Frente Sandinista, dejando en desproporción a las otras alianzas políticas.
Tal es el caso de Estelí, Rivas, la Región Autónoma del Atlántico Norte, Río San Juan y Boaco, donde la Alternativa por el Cambio (AC), aliada del gobernante Frente Sandinista, está ocupando la posición del primer miembro o segundo miembro.

“Mala señal”
“Esta es una señal grave. Si esto hizo con los departamentales lo harán con los municipales y con las Juntas Receptoras de Votos. Van a ser decenas de municipios donde la decisión estará en manos de un partido y miles de JRV donde la decisión va a estar en un solo lado”, sostiene Harry Chávez, del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade.

Chávez agrega que la importancia de los CED es que ahí se resuelven los recursos. “Un partido preside y el otro que está en su alianza es miembro, entonces ya tienen los dos votos con los que se decide, pensar que el aliado votará de manera diferente es jugar con la inteligencia de la gente”.

“Vil engaño”

La figura de suplencia, que es el puesto que le dieron a la Alianza Partido Liberal Independiente, PLI, “es un vil engaño” a criterio de Chávez, pues el miembro propietario no dejará su puesto para darle lugar al suplente.

Los tintes partidarios de este Consejo Supremo Electoral fueron incluidos a través de una reforma a la Ley Electoral en 1995. Las reformas elevaron de cinco a siete el número de magistrados del CSE.

Según un análisis de la Revista Envío, el aumento de los cargos no tuvo otra justificación -además de prebendas económicas- que permitir que éstos quedaran repartidos entre el PLC (4) y el FSLN (3).

Con las reformas a la Ley Electoral, en las elecciones de 1996, contrario a las de 1990, cuando los partidos políticos proponían solamente al segundo miembro de los Consejos Electorales, las organizaciones políticas eligieron a todos sus integrantes. Eso se tradujo en el control casi total de los partidos políticos sobre los comicios.

 

Cedulación camina a paso rojinegro

El Ipade reportó que de 80 municipios estudiados solo en 18 hay delegaciones de cedulación. De éstas, 13 son cabeceras departamentales. El informe del organismo de observación electoral agrega que en 62 municipios no se reporta la existencia de delegación municipal del CSE para atender la cedulación.

En contraposición, el partido de gobierno está cedulando a través de sus alcaldías y de los secretarios políticos en al menos 90 municipios del país. Solo en tres municipios, en Wiwilí, San Fernando y Waspam, el Partido Resistencia Nicaragüense, el Partido Liberal Constitucionalista y Yatama respectivamente, están usurpándole esa función al CSE.

“Se ha identificado que en 15 municipios estas oficinas tienen más de un año de estar funcionando, en 14 menos de un año y en 19 no se determina el tiempo”, agrega el reporte.

Ética y Transparencia, por su parte, reportó en su informe de abril, que hay “un sesgo en los votantes y riesgo de doble voto, que constituye el abierto y declarado proceso de introducción de un nuevo documento de votación, con facilidades extremas y anunciadas por el mismo tribunal electoral para un segmento poblacional ligado al partido de Gobierno”.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) está cobrando la nueva cédula a 300 córdobas, pero a los partidarios del Frente Sandinista y funcionarios públicos se les es entregada gratuitamente.

El doble voto

El presidente ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, ha recordado que existe el mismo riesgo de doble voto que se dio en los comicios municipales de 2008. En esas elecciones se detectó una gran cantidad de fiscales que emitieron doble voto.

Este organismo también advirtió del riesgo de fraude que hay en 1284 Juntas Receptoras de Votos, pues en éstas el FSLN no gana y suele impugnarlas o eliminarlas de los conteos.


Ley Electoral según el partido al que se le aplica
El Consejo Supremo Electoral, CSE, inhibió a la candidata a diputada suplente por el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Ana Margarita Vijil, bajo el argumento que incumple con el artículo 134 de la Constitución que le exige residir en el país al menos cuatro años antes de la elección.

Vijil llegó al país hace un año y siete meses, luego de residir en Estados Unidos, adonde cursó una maestría sobre derecho.

El inciso d del artículo 134 de la Carta Magna establece que una de las condiciones para ser candidata es “haber residido en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a la elección, salvo que durante dicho período cumpliere Misiones Diplomáticas, o trabajare en Organismos Internacionales o realizare estudios en el extranjero”.

A unos sí a otros no
El Movimiento Renovador Sandinista, MRS, aduce que “Ana Margarita Vijil Gurdián acreditó fehacientemente, en el momento de su registro como candidata a diputada suplente posición dos por el departamento de Managua de la Alianza PLI, que se encontraba realizando estudios en el extranjero y por tanto constitucionalmente está eximida del requisito de la residencia continuada durante los últimos dos años en el departamento de Managua”.  En la otra acera están los candidatos del Frente Sandinista que han incumplido con la ley pero a quienes el CSE no los ha inhibido de oficio.

¿Y por qué a ella no?
La tercera candidata en la lista de diputados sandinistas por León, Benita Arvizú, reside en Managua desde que Daniel Ortega asumió nuevamente la Presidencia. El artículo 134 señala que para ser candidato a diputado se debe “haber nacido o haber residido durante los últimos dos años en el Departamento o Región Autónoma por el cual se pretende salir electo”. EL NUEVO DIARIO consultó ayer a Arvizú en su casa, en las cercanías de Plaza Inter, en la capital. Arvizú, exconcejal en León, funge como responsable del Centro de Documentación y Biblioteca del Ministerio de Educación (Mined) en Managua, pero no quiso opinar, se negó a responder nuestras preguntas.

Otra joya desde el poder
El Frente Sandinista lleva en sus listas a tres vicealcaldesas y no pasa nada. El artículo 154 de la Ley Electoral establece que “los alcaldes o vicealcaldes, electos por sufragio directo, no podrán ser candidatos para el mismo cargo en el período inmediato posterior. Para ser candidato a otros cargos de elección popular, estos deberán renunciar a su cargo doce meses antes de la fecha de la elección”.
Las candidatas sandinistas que no renunciaron son: Reyna Rueda, Vicealcaldesa de Managua; Gloria Montenegro, Vicealcaldesa de Jinotega; y María Agustina Montenegro, Vicealcaldesa de Matagalpa.