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Una especie de confusión “gobierno-empresa familiar”, detectó el economista Adolfo Acevedo, en el Informe Presidencial sobre la gestión gubernamental de 2010, al determinar que en el documento se incluyen cifras de inversión de Alba-Caruna, en programas del gobierno.

“¿Por qué aparecen estos programas financiados por una empresa del sector privado, como programas del gobierno?”, se pregunta Acevedo en solo el inicio de su análisis al informe de gestión de 2010, presentado por los asesores presidenciales ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional el pasado viernes.

A juicio de Acevedo, “si fuesen programas del gobierno, los recursos que los financian, independientemente de su fuente, deberían estar registrados en el presupuesto, de acuerdo con la Ley de Régimen Presupuestario”.

“De otra manera, los ‘logros’ de una empresa privada no tienen por qué aparecer en un informe gubernamental; en todo caso deberían integrarse también los logros de American Nicaraguan Foundation, de Caritas, de CARE y otras entidades privadas que movilizan una enorme cantidad de recursos hacia programas sociales”, agregó Acevedo en su análisis.

Pero aún con los “logros” de las empresas ligadas al grupo Albanisa incluidos en el informe, Acevedo considera que existe un “escaso impacto” en la vida nacional.  

“Llama la atención la escasa eficiencia del impacto económico, y en términos de reducción de la pobreza de la cooperación petrolera venezolana, manejada por esa ‘empresa privada’. Para tener una idea de su magnitud, en 2010 esa cooperación ascendió al equivalente del 8% del Producto Interno Bruto, (PIB), mientras el Programa de Inversión Pública en su totalidad apenas representó un 5.3% del PIB”, explicó.

En el informe anual el gobierno señala que en 2010, la economía creció un 4.5%; sin embargo, Acevedo señala que si se “aplicara el multiplicador del gasto autónomo a este enorme monto de recursos (ayuda venezolana del 8% del PIB), es obvio que su impacto de crecimiento económico debería ser extremadamente fuerte y no de solo un 4.5%, mientras que el número de desempleados no seguiría rondando los 200,000”.

Una de las pocas cosas que reconoce el gobierno en su informe, es que “el gasto social como porcentaje del PIB, descendió de 13.0%, en 2009, a 12.4% en 2010”.