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El ocultamiento de la situación real del desempleo, en términos de cifras absolutas y no de porcentajes, la omisión de datos importantes, como el hecho de que el salario mínimo legal equivale a un tercio del costo de la canasta de 53 productos de consumo básico; así como el deterioro acumulado anual de 5.3% del poder adquisitivo del salario promedio nacional, son algunos de los datos que el gobierno del presidente Daniel Ortega no incluyó en su informe de gestión correspondiente a 2010, enviado el pasado vienes a la Asamblea Nacional.

Lo anterior se desprende del análisis al documento oficial que realizaron los economistas Adolfo Acevedo y Néstor Avendaño, y que END presenta a continuación.

Para Avendaño, “aunque el presidente Ortega señala que el ritmo de crecimiento económico fue satisfactorio en 2007 y en 2008, debido al creciente volumen de exportaciones, antes de que nos afectara la recesión económica mundial, con una caída real del Producto Interno Bruto, PIB, de 1.5% en 2009, el crecimiento económico que acusa un  máximo de 4.5% de 2010 es insuficiente para reducir la subutilización de la fuerza laboral de nuestro país”.

Conforme con las estimaciones de Avendaño, “la tasa anualizada del crecimiento económico debería ser al menos del 6%, para reducir en un punto porcentual la tasa de desempleo”.

Por otra parte, agrega, Venezuela “desalojó” a la Unión Europea del segundo lugar como compradora de productos nicaragüenses.

Además, “el déficit comercial de la balanza de pagos de US$1,636 millones, fue financiado, en orden de importancia, por las remesas familiares de US$823 millones; la inversión extranjera directa de US$508 millones; y la cooperación externa oficial de US$472 millones”.

“Las dos últimas (inversión y cooperación) fueron desplazadas del segundo lugar por la caída abrupta de las donaciones externas. A lo anterior, se agregan US$722 millones en concepto de desembolsos de la deuda externa privada, en la cual se distinguen 511 millones provenientes de Venezuela”, añade Avendaño en su análisis.

Bono solidario no perjudicó
Para Avendaño “se debe reconocer que el bono salarial (solidario) no generó presiones inflacionarias ni redujo grandemente las reservas internacionales, sino que facilitó el acceso de la población a la canasta de consumo básico, y apoyó el desempeño de la actividad comercial. También se informa ampliamente la contratación de nuevos recursos externos y el desempeño de cada una de las actividades económicas”.

Sin embargo, recalca, “no se destacaron (en el informe) los siguientes fenómenos económicos: el salario mínimo legal es equivalente a un tercio del costo de la canasta de 53 productos de consumo básico; el deterioro acumulado anual de 5.3% del poder adquisitivo del salario promedio nacional; el peso del subempleo en el mercado laboral; la caída drástica de la cartera de crédito acompañada de un gran crecimiento de los depósitos del público bancario, principalmente en dos bancos, alimentados con los recursos del ALBA”.

Por otro lado, expresa Avendaño, “en el ámbito de las finanzas públicas cabe aclarar que el ‘endeudamiento público responsable y coherente’ está dirigido para pagar las amortizaciones de la deuda gubernamental interna, o sea, para pagar el principal de los BPI (Bonos de Pagos de Indemnizaciones) asociados con las confiscaciones de los años ochenta; los Bonos de la República y los Bonos Bancarios, relacionados con las liquidaciones de cuatro bancos comerciales en 2000 y 2001”. 

“La recaudación de impuestos fue mayor no solo por el mejor desempeño de la economía (creció 4.5%, según el Informe Presidnecial), sino también por la aceleración de la tasa de inflación que fue de 9.2%, aunque no deben obviarse los efectos de la reforma tributaria vigente a partir del primero de enero de 2010”, explicó.

Asimismo, dijo el economista, “en el ámbito monetario, no se explicó que el aumento de las Reservas Internacionales Brutas obedeció principalmente al exceso de encaje sobre los depósitos en moneda extranjera que las entidades financieras depositan en la banca central, debido a la reducción de la cartera de crédito”.

Además, destaca Avendaño, “en el mercado laboral, el informe da a entender que no existe desempleo”.

“La baja tasa de desempleo abierto en el campo de 3.1% en el período octubre-diciembre, se explica con la cosecha de productos, principalmente de agroexportación, y se esconde el dato del subempleo en el total de ocupados”, agrega.

 

Acevedo cuestiona “claridad” en las cifras

En términos laborales, “informe debería rechazarse”

El economista Adolfo Acevedo considera que “en términos laborales, el Informe Presidencial debería rechazarse, mientras el gobierno no respete el derecho ciudadano de acceder a la información pública, y publique los resultados trimestrales completos de la encuesta continua de empleo, que incluya cuál es la Población en Edad de Trabajar, PET, Población Económicamente Activa, PEA, y la Población Económicamente Inactiva, PEI, reales”.

Según Acevedo, el informe de gestión gubernamental debe aclarar cuál es el número real de ocupados, subempleados, ocupados plenos y a tiempo parcial, y el número de desempleados, “y no solo en términos de porcentajes, sino de cifras absolutas”, reitera.

“Para apreciar por qué se requieren cifras absolutas y no solo porcentajes, por ejemplo, la tasa de desempleo abierto de 6.3% que cita el informe, puede representar 206,000 desempleados, mientras que la cifra de 7.7% de 2009, representó 186,000 desempleados”, explicó el economista.

Según la explicación de Acevedo, “esto es así, porque la tasa de desempleo no depende solo del número de desempleados, sino también del tamaño o número de personas que integran la PEA: Si la PEA crece --por ejemplo, porque cientos de miles de personas que antes estudiaban o se dedicaban al cuido del hogar se incorporan al sector informal--, mientras el numero de desempleados permanece igual, la tasa de desempleo descenderá”.

“Por eso no basta que se informe que la tasa de desempleo es 6.3%, sino (expresar) cuál es el número absoluto de desempleados”, reiteró.

Acevedo hizo hincapié en que el gobierno debe publicar los resultados completos de las encuestas trimestrales, debe permitir el acceso inmediato a las bases de datos de la encuesta, y levantar la prohibición de hacer públicas las mismas por tres años, la cual violenta la Ley de Acceso a la Información.

“Mientras no se publiquen los resultados completos de las encuestas y sus bases de datos que den sustento a cifras de empleo conocidas por todos, no se debe admitir que, mientras se oculta esta información básica y fundamental, se sigan lanzando al aire cifras de empleo con propósitos propagandísticos”, criticó.

Acevedo señala que “en 2010, la fuerza de trabajo o PEA creció “en un impresionante” 8.9% (es decir) en 222,300 personas, pero lo hizo, principalmente, porque hubo una masiva incorporación de Población Económicamente Inactiva, PEI, al mercado laboral (la PEI está integrada por estudiantes, amas de casa, pensionados, discapacitados)”.

Según Acevedo, “la PEI contribuyó con 151,400 personas al incremento de la PEA. Además, 70,900 jóvenes arribaron a la edad de trabajar y también se incorporaron a la PEA”.

Pero estas personas que se incorporaron al mercado laboral, en una cantidad tan importante, y con tanta fuerza, señala Acevedo, “encontraron predominantemente empleos informales y precarios, equivalentes al subempleo”.

Así, añade, el subempleo pasó del 40% de los ocupados en 2009, al 53.7% en 2010, mientras el empleo pleno se redujo.  Según Acevedo, “el porcentaje de trabajadores con empleo pleno se redujo del 38.9%, en 2009, al 32.6% en 2010”.

“Por lo demás, como lo muestra el ejemplo de lo que ocurrió en 2010, la economía solo pudo absorber un crecimiento tan fuerte de la fuerza de trabajo a costa de una caída en la productividad. Si la economía creció 4.5% y la PEA ocupada 8.4%, esto significa que la productividad media del trabajo se redujo en un -3.9%. Esto es el resultado de que dicha fuerza de trabajo se incorporó a actividades de baja productividad, que solo pudieron absorberla, reduciendo todavía más sus ya bajos niveles de productividad”, explicó.

“Obsérvese que con solo que en 2010 se hubiese creado empleo de la misma productividad media que en 2009, el Producto Interno Bruto, PIB hubiese crecido en 8.4%, en vez de solo 4.5%”, añadió Acevedo en su análisis.

 

Gobierno destaca rubros de exportación

Según el informe de gestión gubernamental, las exportaciones se han diversificado en nuevos mercados, destacándose Venezuela, como también en nuevos productos, como el frijol, la leche, el queso y otros.

El comportamiento de los principales productos en 2010 con respecto a 2009 fue:
* El café tuvo exportaciones de US$341.6 millones con crecimiento del 44.3%, como consecuencia de altos precios en el mercado internacional, e influenciados por las ventas a Venezuela.

* La carne con US$307.6 millones para un crecimiento del 33.4%, debido a mayores volúmenes, mayores precios y muy influenciadas por las ventas a Venezuela.

* El oro con US$208.3 millones con un crecimiento del 156.6% con respecto a 2009. El oro se convirtió en el tercer producto de exportación gracias a importantes inversiones canadienses en la mina La Libertad, y mayores precios en el mercado internacional.

* Productos pesqueros con US$115.4 millones con un crecimiento del 13.4%.

* Productos lácteos con US$112.8 millones con un crecimiento del 0.2%.

* Azúcar con US$126.8 millones con un crecimiento del 153.6%, influenciado por mayores volúmenes exportados y mayores precios, así como por las ventas a Venezuela e India.

* Frijoles con US$59.4 millones, con decrecimiento del -3.4% con respecto a 2009. Las exportaciones de 2010 estuvieron afectadas por el exceso de lluvia, derivado del fenómeno La Niña, como consecuencia del cambio climático.

Los principales destinos de las exportaciones en 2010 fueron los mercados de EU (31.0%), Venezuela (13.0%), El Salvador (11.0%), Canadá (8.0%), Costa Rica (4.5%), Guatemala (3.8%), Honduras (3.5%) y México (3.0%).