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La ratificación de un convenio de préstamo por 19 millones 500 mil dólares para financiar un “Proyecto de Protección Social”, otorgado por el Banco Mundial y que ejecutará el gobierno, provocó un debate político ayer en el Parlamento nicaragüense que por momentos se tornó agrio entre diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC.

Pese a que el decreto del Convenio de Crédito fue ratificado por unanimidad, en el debate previo los legisladores liberales Maximino Rodríguez y Freddy Torres Montes exigieron al gobierno que durante la ejecución del proyecto “no se politice ni se haga campaña electoral a su favor”.

Rodríguez reprochó que, con este tipo de proyectos, el gobierno del presidente Daniel Ortega, siempre hace campaña para atraer votos a su favor, argumentando que “gracias al gobierno del FSLN” se tienen este tipo de beneficios. Al respecto, Rodríguez hizo hincapié en la necesidad de explicar a los beneficiarios de este proyecto -calculados en 20,000 familias de 26 municipios de seis departamentos del país-, que se trata de un préstamo y no de un regalo de este gobierno.

Castro se escuda en los niños
El jefe de bancada del FSLN, Edwin Castro Rivera, resaltó el segmento niñez, que es al que está dirigido el proyecto, alegando que los niños y niñas de este país no tienen bandera ni color político, un argumento que utilizó antes su colega liberal, Wilfredo Navarro.

El diputado del PLC, Freddy Torres Montes, respondió a Castro Rivera, que si bien es cierto que los niños no tienen color político, entonces que el gobierno deje de utilizar sus banderas y emblemas partidarios en las escuelas del país y que deje de exigir a los estudiantes de primaria, “colgarse al cuello una bandera rojinegra”.

Torres escuchó lo que no le gusta
Castro Rivera reprochó a Torres que si tanto está preocupado por la niñez nicaragüense “que las haciendas cafetaleras dejen de contratar niños” en Matagalpa y Jinotega. Torres, quien además es cafetalero en Matagalpa, se mostró molesto por la alusión de su colega del Frente Sandinista.

Municipios pobres

El convenio fue ratificado por los 79 diputados que asistieron ayer a la sesión legislativa, es pagadero a 40 años plazo y con un 63 por ciento de concesionalidad, es decir, según el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez Mercado, que prácticamente “es una donación”.

El “Proyecto de Protección Social”, está dirigido a atender a las familias con niños y niñas menores de 13 años de los “municipios más pobres del país”, pero el diputado Maximino Rodríguez reclamó que, por ejemplo, el municipio de Terrabona, departamento de Matagalpa, no fue incluido en el proyecto, siendo uno de los más pobres de Nicaragua.

Los componentes
El proyecto comprende tres componentes. El primero es por 11.3 millones de dólares para financiar talleres educativos comunitarios, servicios de consejería familiar y subvenciones a familias.

El segundo componente es por 3.7 millones de dólares y se utilizarán en el fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa del Ministerio de la Familia; desarrollo e implementación de un sistema de gestión de la información, y gestión de proyectos  y evaluación. Y el tercer componente es por 4.5 millones de dólares para financiar un programa de alimentación escolar.