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Las bancadas opositoras en el Parlamento impidieron ayer la aprobación de la Ley Antifraude Energético, por considerar que con ella el gobierno pretende beneficiar a la empresa distribuidora de energía Unión Fenosa, y “castigar” a los usuarios del servicio que consumen menos de 500 kilovatios hora al mes.

Pese a que la denominada “Ley especial para la distribución y el uso responsable del servicio público básico de energía” o Ley Antifraude Energético, fue respaldada y dictaminada favorablemente por todos los diputados miembros de la Comisión de Justicia, ayer el plenario consideró necesario realizar más “análisis” del proyecto de ley antes de aprobarlo.

Se desconectaron
Ante la insistencia de la bancada del Frente Sandinista, los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC; de la Bancada Democrática Nicaragüense, de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, rompieron el quórum para sesionar, desconectándose de la pizarra de asistencia para impedir la aprobación de la nueva legislación.

Pese a las acusaciones contra el gobierno, el dictamen favorable modificó en un 90 por ciento la propuesta original que presentó el Poder Ejecutivo, incluyendo el nombre de la ley.

En general, la oposición mostró su respaldo a la legislación, sin embargo, insistió en que en su contenido se pretende beneficiar a Unión Fenosa en detrimento de los usuarios. Como ejemplo, el primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, dijo que en la propuesta original se pretendía establecer el derecho de Unión Fenosa a cobrar la energía “robada”, cando se detectara el supuesto fraude por parte del usuario.

Lo grave, dijo, es que todas las pérdidas en que incurre la distribuidora pretendían cargarla a los usuarios, pese a que Unión Fenosa es co-responsable de esas pérdidas.

“Además, si el usuario demuestra que Unión Fenosa está cobrando más energía de la que gastamos, no existe un mecanismo para que la empresa devuelva el dinero, por eso es una ley desigual que protege a Unión Fenosa”, reiteró.

Según Navarro, la ley tampoco obliga a la distribuidora a brindar el servicio en aquellos lugares donde se lo soliciten y que no haya infraestructura eléctrica, y es algo que debe quedar regulado.


Modificaciones acordadas en el dictamen
1- Se retiró del proyecto toda nueva tipificación de delitos relacionados con la energía eléctrica por estar ya establecidos en el Código Penal
2- Se establecieron infracciones en que puede incurrir la empresa distribuidora dentro del proceso administrativo de inspección y verificación para detectar un eventual fraude energético.

3- La obligación por parte de la empresa distribuidora de que previo a instalar medidores, tienen que ser calibrados por el Instituto Nicaragüense de Energía, INE.

4- El requisito de que para que tenga validez, las inspecciones, verificaciones y demás medios de pruebas, tienen que realizarse en presencia de funcionarios del INE.

5- El derecho de los consumidores de recurrir ante dos instancias del INE cuando no esté de acuerdo con la resolución de la empresa distribuidora.

6- No se incluirán en las facturas montos por energía no registrada por no ser responsabilidad de los consumidores.

7- Se incluyó la obligatoriedad de la empresa distribuidora de invertir en el sistema de distribución de energía.

8- También se eliminó la discrecionalidad de Unión Fenosa para ingresar a un domicilio a cualquier hora del día o de la noche y cualquier día de la semana, para realizar inspecciones en presencia o ausencia del usuario.

9- Se estableció la necesidad de agotar el procedimiento administrativo como condición de procesibilidad antes de ejercer la acción penal en los delitos relacionados con la energía eléctrica
10- Se dejó claro que el silencio administrativo será siempre positivo a favor del usuario, pues tal como estaba era un silencio administrativo negativo para perjudicar al consumidor