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Los nacidos en el extranjero solo tienen que demostrar que son hijos de nicaragüenses para adquirir dicha nacionalidad, pero “en política no se perdona nada”, lo cual seguramente le quedó más que claro a Carmella María Rogers Amburn, mejor conocida como Kity Monterrey, quien creyó que no necesitaba renunciar a su nacionalidad estadounidense para participar como candidata a diputada ante la Asamblea Nacional, aunque la Constitución Política es específica al respecto.

“Para ser diputado se requieren las siguientes calidades: 1.- Ser nacional de Nicaragua. Quienes hayan adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de verificarse la elección”, reza el  artículo 134 de la Constitución Política.

El constitucionalista Óscar Castillo explica que esta disposición jurídica se impuso en 1995 como un “freno” a quienes tuviesen la intención de invocar la doble nacionalidad para aprovecharse de esto, y participar como funcionario públicos en dos países.

“Vos te imaginás que un nicaragüense diga que tiene doble nacionalidad (para fungir como funcionario en dos países)… tiene que renunciar a una nacionalidad cuatro años antes para ser candidato o funcionario (…) pero esto es para efectos políticos, para los demás derechos las personas viajan con dos pasaportes, entran a Nicaragua con su pasaporte nica, viajan a Estados Unidos con su pasaporte gringo, eso no es ilegal”, explicó Castillo, consultado en su oficina en la Universidad Politécnica de Nicaragua, Upoli, donde es Decano de la Escuela de Derecho.

Sin embargo, Kity Monterrey ni siquiera podía invocar la doble nacionalidad, porque en el caso de Estados Unidos no hay convenios de esa índole, asegura el constitucionalista. “Tenía la responsabilidad de renunciar a la nacionalidad estadounidense”, concluye Castillo sobre el caso de esta ex candidata a diputada suplente por Managua y en primera posición, de la Alianza encabezada por el Partido Liberal Independiente, PLI.

Art. 134 evita a los “gringos caitudos”
Aun así, en lo general, Castillo interpreta que “hay muchas personas que quieren estar a los dos lados”. “Quieren estar en Nicaragua aprovechando una candidatura, pero no quieren dejar su nacionalidad (extranjera), y ese fue el propósito con las reformas del 95, cuando el Constituyente dijo: cuatro años antes debe haber renunciado (a una nacionalidad extranjera) para evitar a los ‘gringos caitudos’ que querían estar en Nicaragua, querían ser ministros, en el período de doña Violeta (Barrios de Chamorro) tuvimos muchos casos”, recuerda Castillo.

Pero de fondo, Castillo analiza algo que considera “más grave”, y es el hecho de que el Consejo Supremo Electoral, CSE, sea “tan eficiente” en la revisión de algunos casos y “deficiente en otros”, como con el partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, que presentó tres candidatas a diputadas que actualmente son vicealcaldesas, y la Ley Electoral también es tajante en ese sentido.

“Los alcaldes o vicealcaldes, electos por sufragio directo, no podrán ser candidatos para el mismo cargo en el período inmediato posterior. Para ser candidato a otros cargos de elección popular, estos deberán renunciar a su cargo doce meses antes de la fecha de la elección”, refiere el segundo párrafo del artículo 154 de la Ley Electoral.

¿Sabemos quiénes son nuestros candidatos?
Tampoco está claro el estatus de Mohamed Lasthar, sobrino del líder libio Muamar Kadhafi, nacionalizado nicaragüense, que funge como secretario y como asesor privado para asuntos internacionales del gobierno del presidente Daniel Ortega. Resulta que Lasthar también es candidato a diputado suplente ante el Parlamento Centroamericano, Parlacén, en segunda posición, y propuesto por el partido de gobierno.

“Habría que ver si este señor renunció a su nacionalidad, y ver qué tan expedito fue el trámite, y ver si se inscribió en el Registro del Estado Civil de las Personas, para acreditar su nacionalidad”, considera Castillo, haciendo ver la importancia de que los partidos políticos ofrezcan más información sobre las personas que están proponiendo como candidatos a funcionarios públicos, y si realmente estos cumplen con los requisitos de la ley.

Una situación que contrasta el caso de Lasthar es la del misionero católico de origen italiano Alberto Antonio Stefano Boschi, quien también se nacionalizó nicaragüense luego de vivir 15 años en Nicaragua, pero cuando quiso ser candidato a alcalde del municipio Ciudad Sandino, en las elecciones municipales de 2008, fue despojado de su ciudadanía nicaragüense.

El caso Vijil
Un caso que quedó para la historia fue el de Ana Margarita Vijil, a quien los magistrados del CSE impugnaron de oficio su candidatura a diputada suplente, alegando que no cumple con el artículo 134 de la Constitución Política, que le exige residir en el país al menos cuatro años antes de la elección. Sin embargo, Vijil constitucionalmente está eximida de ese requisito, porque estuvo estudiando en Estados Unidos, y la ley protege en caso de estudios y trabajo diplomático.

Queda en evidencia que la aplicación de la ley no es igual para todos los casos, pero Castillo agrega que hay que ser más cuidadosos, y seguir al pie de la letra lo que ordenan las leyes cuando se quiere ser candidato a funcionario público, sobre todo cuando se es oposición, y el Poder Electoral está parcializado a favor del partido de gobierno.

El diputado de la Bancada Democrática, que actualmente es candidato a reelegirse con la Alianza PLI, Carlos Langrand, relata que la primera vez que participó como candidato fue “amenazado” por adversarios políticos, porque pensaban que tenía nacionalidad francesa, debido a que su padre es francés. Sin embargo, Langrand nació en el departamento de León y su mamá es nicaragüense, y aunque podía tener la doble nacionalidad, porque con Francia existe ese convenio, nunca la ha tenido.

El diputado conservador Alejandro Bolaños Davis, que actualmente también es candidato a reelegirse con la Alianza del Partido Liberal Constitucionalista, PLC-PC, tuvo una grave experiencia. Luego de haber tomado posesión de su cargo, fue despojado de su escaño de diputado cuando ya lo había ganado en las elecciones de 2006.

Bolaños nació en Estados Unidos e inmediatamente, antes de cumplir un año de nacido, fue inscrito en el registro de Nicaragua, pero no renunció a su nacionalidad estadounidense. Hace poco lo hizo “para que no quede duda de que soy nicaragüense y que tengo derecho a ser diputado”, dijo Bolaños, consultado sobre el tema.

Pastora “el tico”
Otro caso es el del legendario “Comandante Cero”, Edén Pastora, quien se nacionalizó costarricense en 1977 “con el AK en la mano, por orden de la Dirección Nacional del FSLN, para trasegar armas”, relata él mismo.

Pero en los 80 le quitaron la nacionalidad tica “por ostentar el grado de comandante de un Ejército extranjero”. Aun así, el solo hecho de haber adquirido alguna vez esa nacionalidad, le causó repercusiones en el futuro, cuando quiso participar por primera vez como candidato a Presidente de Nicaragua, en las elecciones de 1996, con el partido Acción Democrática.

Por más que Pastora le demostró a la presidenta del CSE de ese entonces, Rosa Marina Zelaya, que ya había renunciado a la nacionalidad tica, esta no le permitió ser candidato. Fue hasta en las elecciones de 2006 que tuvo la oportunidad de participar como candidato presidencial con Alternativa por el Cambio, que ahora es un partido aliado del FSLN. Pastora afirma que nació y se crió en Ciudad Darío, departamento de Matagalpa.

Otros casos similares aluden a personas que salieron de Nicaragua por la guerra de los años 80, y adquirieron la nacionalidad de los países donde estaban residiendo, como el del diputado Salvador Talavera Alaniz, quien para ser candidato en 2006, tuvo que renunciar, cuatro años antes, a la nacionalidad canadiense que había adquirido.

José Antonio Alvarado, candidato a diputado ante el Parlacén, en primera posición por la Alianza PLC, hace mucho tiempo tuvo que renunciar a la nacionalidad estadounidenses que había adquirido, para ser funcionario de su natal Nicaragua.

El ex vicepresidente, excandidato presidencial y actual candidato a diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, José Rizo Castellón, también vivió en Chile durante los años de la guerra, lo cual le valió ser cuestionado en su participación política.

Cuando son registrados después del año de nacidos

La Ley del Registro Civil establece un mecanismo de inscripción que debe cumplirse antes de un año, si no, en todos los casos, tendrían que proceder a una reposición de partida de nacimiento, que es la regla que le aplicó el Consejo Supremo Electoral a Kity Monterrey.

Esto implica que cuando un niño nace tiene que ser inscrito inmediatamente en el Registro Civil de las Personas, dentro del primer año de nacimiento, de lo contrario se hace una inscripción tardía, y cuando pasa esto hay que acudir ante un juez de lo civil, para que este autorice la inscripción, lo cual es todo un proceso, incluso se piden dos testigos que den fe de que la persona nació en Nicaragua.

Con EU no hay doble nacionalidad
El doctor Óscar Castillo explica que existe una ficción cuando una persona muestra la nacionalidad nicaragüense y estadounidense. “Eso no existe”, asegura Castillo, porque con Estados Unidos Nicaragua no tiene tratado de doble nacionalidad.

“El nicaragüense que tiene nacionalidad estadounidense es gringo, aunque me muestre que anda pasaporte nicaragüense, pero es para efectos de movilizarse o de hacer gestiones en Nicaragua, pero te aseguro que ese nicaragüense no tiene cédula”, manifiesta Castillo.

Castillo también explica que la doble nacionalidad no opera de hecho, sino que se debe invocar y realizar los trámites necesarios, incluso para los países centroamericanos Honduras, Guatemala y El Salvador (menos Costa Rica), con los cuales, naturalmente, existe el convenio. También con España, Italia y otros países iberoamericanos existe la doble nacionalidad, pero se debe invocar para ponerla en práctica.

En general, queda claro que “todo hijo de nicaragüenses nacido en un país extranjero, tiene derecho a ser nicaragüense”, hasta que quiera participar en política.