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La facultad a las jefas de las Comisarías de la Mujer y la Niñez –en todos los niveles–, de la Policía Nacional para emitir órdenes de detención contra los “hombres violentos”; la creación de 10 nuevas figuras delictivas, así como la aplicación de una pena mínima de 25 años de prisión, y máxima de 30 años a los femicidas, son las novedades que quedaron en el dictamen de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de reformas a la Ley No. 641, Código Penal”, cuya revisión concluyó ayer en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

El artículo 39 del dictamen –que se espera sea firmado mañana por los miembros de la Comisión de Justicia-, establece que “las jefas de la Comisaría de la Mujer y la Niñez o en su caso el Jefe Policial, bajo su responsabilidad personal, podrán emitir orden de detención, con expresión de las razones que la hagan indispensables, contra quienes haya probabilidad fundada de la comisión de un delito sancionado en la presente ley que tenga pena privativa de libertad, dentro de las doce horas de tener conocimiento del hecho”.  

Adiós al polémico artículo 35
Conforme con el Código de Procedimiento Penal, CPP, esta facultad es exclusiva de los Jefes Policiales (distritales, municipales y departamentales), pero, por tratarse de una nueva especialidad, la potestad de emitir órdenes de detención se extendió a las jefas de las Comisarías de la Mujer, según explicó el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, José Bernard Pallais Arana.

Por otra parte, Pallais explicó que se eliminó del dictamen de ley toda posibilidad de sancionar a los medios de comunicación, como en un inicio lo había propuesto la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Alba Luz Ramos Vanegas. “Lo único que se dejó fue una recomendación para los medios de comunicación para que actúen de manera ética y responsable en casos de violencia contra las mujeres y niños”, explicó.

Diez nuevos delitos
Otra de las novedades, dijo Pallais, es la creación de diez nuevos delitos y la reforma de once ya existentes en el Código Penal. Entre los nuevos delitos están el femicidio, cuyas penas van de los 25 a los 30 años de prisión; la violencia física contra la mujer, violencia sicológica, violencia patrimonial y económica, intimidación o amenaza contra la mujer, la sustracción de hijos o hijas, violencia laboral, violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer, la omisión de denunciar y la obligación de denunciar actos de acoso sexual.

En el caso de la violencia física, si las lesiones son leves, se aplicará al agresor una pena que va de 8 meses, a un año y cuatro meses de prisión; si las lesiones son graves, la pena mínima será de dos años y ocho meses de prisión, y máxima de seis años y ocho meses de prisión. Y cuando las lesiones sean “gravísimas”, la sanción será de siete años y seis meses, a 13 años y cuatro meses de prisión.

Según Pallais, existe un aumento de las penas de prisión en un tercio en lo que estaba establecido en relación a las lesiones generales en el Código Penal.

Se quejan de exclusión
La abogada Mariela Narváez Sequeira, representante del Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra” –organismo impulsor de la iniciativa–, se sintió satisfecha en general con el dictamen, sin embargo, señaló de negativo el hecho de que hayan excluido a las organizaciones de mujeres de las Comisiones Interinstitucionales que contempla la propuesta de ley.

El artículo 41 del dictamen establece la creación de estas comisiones a nivel nacional, departamental y municipal, sin embargo, solo otorgan el derecho de consulta a las organizaciones de mujeres, pero no le dan derecho a voto.  “Se crea la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer…”, se lee en el artículo, comisión que estará integrada, entre otras instituciones, por la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de la Familia, entre otras.

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