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El Reglamento de Ética Electoral que emitió el Consejo Supremo Electoral, CSE, es “inútil” e “inválido” por cuanto establece normas que no están en la Ley Electoral y omite otras que sí están en esa legislación y son importantes, según el director ejecutivo de Ética y Transparencia, EyT, Roberto Courtney.

“En la parte regulatoria es un documento absolutamente inútil e inválido porque solamente tienen peso aquellos artículos que están en la Ley Electoral… por ejemplo, hay gente que reclama porque el reglamento no contempla la prohibición de bienes del Estado y de oficinas públicas para proselitismo político, pero mientras eso esté en la Ley Electoral, sigue siendo un delito electoral”, señaló Courtney.

El artificio de inventar delitos en  un reglamento
Igualmente si el Reglamento del CSE pone que solo se deben publicar flores respecto a su funcionamiento, eso no tiene ningún peso de ley, solamente es un artificio despistado para que se le alabe, cuando en realidad lo que inspira el CSE, según su desempeño, son críticas”, agregó.

Ello en alusión a que el artículo 5, inciso “b”, exhorta a los miembros de partidos o alianzas políticas y a la ciudadanía en general a no utilizar propaganda electoral que “contenga difamación, injurias, calumnias o expresiones obscenas, ofensivas o denigrantes, falta de respeto en contra de las autoridades electorales nacionales (…)”.

Prohibiciones que dejaron fuera
“Respecto de las regulaciones no nos confundamos, ni son todas las que están, ni están todas las que son. Hay prohibiciones que las dejaron fuera, pero siguen siendo prohibiciones, como el uso de bienes del Estado, y hay prohibiciones que ellos inventan, pero al no tener peso de ley no son nada más que sueños de opio, como que de pronto la gente empiece a hablar bonito de un aparato electoral que no se merece esas flores”, insistió Courtney.

Tuvo que ser consultado
Para el jurista Cairo Manuel López el hecho de que el CSE haya creado un Reglamento de Ética Electoral y que en ninguno de sus incisos se mencione sanciones para aquellos partidos políticos que usen los bienes del Estado, sean edificios públicos, vehículos o cualquier otro recurso, con fines de proselitismo político, no quiere decir que no pueda señalarse o pedirse que se prohíba el uso de estos bienes.

López señala que el Reglamento en mención tuvo que haber sido consultado con los partidos políticos, porque “por ningún lado se establece que el CSE pueda dictaminar o crear delitos o faltas puesto que es competencia única y exclusiva de la Asamblea Nacional”.

De las injurias
“En el tema de las injurias y calumnias se tiene que remitir necesariamente a lo que diga la legislación común, en este caso al Código Penal y al Código Procesal Penal, pero en un código de ética nada más son llamados a la moralidad, al respeto que se deben tener los distintos candidatos entre sí para no ofenderse, no injuriarse, no calumniarse”, dijo el jurista.

Asimismo López señaló que la Ley Electoral es la única que tiene el rango de carácter constitucional para prohibir el uso de los bienes del Estado para fines de propaganda política, según su artículo 107.

Del financiamiento
En cuanto al artículo 5 del Reglamento, donde manda a los partidos políticos a detallar el origen de los recursos para uso de propaganda política, el jurista considera que “es una cuestión ética muy importante” porque es conveniente saber de dónde viene la mayor parte de las fuentes para evitarse que el narcotráfico influya en la vida política de Nicaragua.

Mientras el director ejecutivo de EyT señaló que a diferencia del artículo 5, inciso “c” del Reglamento, la Ley Electoral no exige que toda campaña difundida en medio impreso, radial o televisivo debe expresar el origen del financiamiento del campo pagado.
“En temas del financiamiento político y el financiamiento de campaña, no hay más ley que los seis artículos que establece la Ley Electoral”, dijo Courtney, aunque reconoció que EyT ha estado a favor de que se revelen las fuentes de financiamiento.
Finalmente, Courtney advirtió que tomando en cuenta la posición que hasta el momento ha tenido la oposición respecto al proceso electoral, habría pocas posibilidades de impedir arbitrariedad de parte del CSE, aún cuando “se invente atribuciones y degenera más su comportamiento”.