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Del segundo informe electoral emitido por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, se puede inferir que los bienes del Estado y el proceso de cedulación están al servicio del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. De igual manera, el Ipade considera que hubo una distribución de los cargos en los Consejos Electorales Departamentales y Municipales, CED y CEM, respectivamente con el ánimo de favorecer al FSLN.

En el caso de la cedulación, según el documento, de los 101 municipios monitoreados por el Ipade, en el 64.4 por ciento (65 municipios), “se informa que se está cedulando en lugares que no son del Consejo Supremo Electoral”.

Por otra parte, el Ipade señala que la distribución de los cargos en los CEM y CED “se realizó de manera inequitativa, desproporcionada y no ajustada a la Ley Electoral con una clara tendencia de favorecer a una fuerza política, nombrando como segundos miembros propietarios a representantes de partidos que ya están participando en alianzas políticas”.

Los números del FSLN
“En los CED, la alianza del FSLN, además de contar con 9 presidentes y 8 primeros miembros, cuenta con 6 segundos miembros (a través de sus aliados oficiales). En los CEM, tiene el control en 48 municipios con sus aliados (PRN-MUC-AC-CCN).  El FSLN tiene el control de 80 presidencias y 73 primeros miembros en los CEM”, agrega el informe de monitoreo.

Según el Ipade, “la distribución entre los partidos del cargo de segundos miembros propietarios fueron para 9 para el Partido Resistencia Nicaragüense, PRN, (aliado del FSLN); 30 para Alternativa por el Cambio, AC, (aliado del FSLN); 53 para Alianza por la República, APRE (opositor); 24 para el Partido Liberal Independiente, PLI, (opositor) 21 al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, (opositor); 4 para el Movimiento de Unidad Cristiana, MUC, (aliado del FSLN), y 2 para Camino Cristiano Nicaragüense,  CCN, (aliado del FSLN).

Las anomalías
Entre las anomalías que el Ipade detectó en el trabajo de los CED y los CEM, en el período comprendido entre el 20 y el 25 de junio, se cuentan el hecho de que, de los 101 municipios observados, en  68 por ciento, (66) se instalaron los Consejos Electorales Municipales. El resto, al momento de este monitoreo, no se había instalado en los municipios por diversas razones, entre ellas falta de local”.

“De los 66 municipios donde se observó que se ha instalado el CEM, solamente el 70 por ciento (46 municipios), habían comenzado a atender a la ciudadanía en ese período”, señala el Ipade en el informe.

Propaganda en oficinas del Estado.
Por otra parte, el Ipade también monitoreó el uso de bienes del Estado con fines proselitistas y determinó que de los 101 municipios, en el 79.2 por ciento (80 municipios) se reporta propaganda electoral en oficinas del Estado.

“Los bienes del Estado más utilizados son vehículos, motos y camiones de las alcaldías; ambulancias, auditorios y aulas de institutos. Mientras que las oficinas donde se identificó propaganda política fue en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud alcaldías, hospitales y los Siláis”, se lee en el informe del Ipade.

Agrega que “el partido político que más se identifica en utilización de bienes del Estado para la propaganda electoral es el partido de gobierno”.