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El Exsubdirector General de la Policía Nacional, comisionado general en retiro Francisco Bautista Lara, expresó que si bien la discusión en torno a la ratificación de la jefatura actual del cuerpo policial se basa en una expresión coyuntural y no en hechos consumados, lo más saludable para la institución es el relevo del mando conforme a ley.

¿Se establece en la Constitución Política, Ley 228, reformas a la Ley 290, o en el reglamento de la Ley de la Policía Nacional, que el Presidente puede ratificar a un director general en el cargo una vez vencido el periodo?
A raíz del discurso del Presidente Ortega el 19 de Julio, se ha realizado un exagerado énfasis en este asunto, expresándose diversas opiniones basadas en la manera en cómo puede interpretarse lo dicho por el mandatario que no es todavía una decisión clara ni un hecho consumado.  

Lo mejor para Nicaragua y la Policía es sin lugar a dudas que su Jefatura,  según lo establece la Ley, sea relevada al concluir el periodo de cinco años por el que fue nombrada.  
No puede justificarse la simpatía, imagen o gestión de nadie para ello, tampoco es sano aceptar que algunos son imprescindibles, ello demuestra una debilidad. La Policía tiene oficiales capaces que pueden asumir legítimamente las promociones internas, deben moderarse los descalificativos anticipados para algunas opciones posibles que son legítimas.

Los cuerpos policiales y militares requieren procesos claros, estables y periódicos de ascenso y sustitución, eso es lo que les da solidez institucional y profesionalismo. Sin embargo, la Ley siempre suele tener rendijas por donde se pueden colar decisiones políticas que la máxima autoridad puede tomar.

¿Es institucionalmente pertinente?
Dicha decisión tiene “inconveniencias institucionales” que podrían ser pasajeras siempre y cuando la presunta posibilidad de “prolongar el periodo del mando” sea por corto plazo, de tal manera que en un tiempo inmediato (no mayor de un año), el Presidente designe al mando correspondiente escogiendo, como corresponde, entre los comisionados generales que existan al momento de la decisión.

En septiembre próximo, en ocasión del 32 Aniversario de la Policía Nacional como es común, pueden ir a retiro 3-4 comisionados generales (que han cumplido los cinco años o la edad de 55 años) y a otros cuantos comisionados mayores (no hay criterio predeterminado), lo que permitirá que sean ascendidos nuevos comisionados generales y mayores. Significa que al iniciar 2012, con un nuevo periodo gubernamental, el Presidente tendrá como opciones para nombrar al Director General, a un grupo de comisionados generales distinto al actual.

Se dice que la PN es una institución profesional, apolítica, apartidaria y no deliberante: ¿Puede la Jefatura considerar rechazar una propuesta de ratificación en cargos con períodos vencidos si la Ley policial o el Reglamento no lo contemplan?
Hay que diferenciar dos cosas, la responsabilidad institucional que es ineludible, y la opción personal de los funcionarios que está sujeta a la discrecionalidad, voluntad y aspiraciones personales.

La Policía como entidad estatal tiene obligaciones ineludibles, relativas a su misión y funciones. Está obligada a acatar las disposiciones judiciales y gubernamentales en el ámbito de su competencia. Sin embargo, las personas pueden tener, en asuntos no relativos a lo anterior, la posibilidad de actuar, hacer, aceptar, etc. Por ejemplo, un oficial que está en tiempo para ser ascendido debe cumplir algunos requisitos formales, es posible que alguien (rara vez ocurre) decida no optar al ascenso, ese es un derecho que se respeta.

Lo que la ley expresamente no manda ni obliga, puede estar sujeto a la decisión personal. Ante cualquier nombramiento, un policía, aun estando en el tiempo establecido, puede solicitar su baja de la institución por razones personales, este es un derecho, ha sucedido con frecuencia. Más aún, cuando el tiempo de nombramiento se ha vencido, las personas, en uso de su derecho pueden, con más facilidad plantear su salida o aceptar continuar si se les propone hacerlo. Eso mismo se estableció en 2009 al cumplirse 30 años de servicio de los fundadores según lo previsto en la Ley 228; los policías tendrían la opción de prorrogar su permanencia en la institución, pero también, si así lo querían, podrían, en el momento establecido solicitar su salida.

En el Ejército hay una tradición y una Ley no escrita que casi garantiza que el Jefe del Estado Mayor General asume el nombramiento de General de Ejército y la dirección institucional por el período establecido en la Ley 181. En el caso de la PN: ¿La decisión de quién asume la Dirección General está definida por algún mecanismo oficial o tradicional o es todavía a criterio del Presidente de la República?
La Ley establece que el Director General será nombrado por el Presidente de la República entre los miembros de la Jefatura Nacional, quienes ostentan el grado de Comisionado General.  Hasta ahora, desde el primer nombramiento de la Jefatura de la PN en el marco de  la Ley 228 (1996) se ha cumplido. No veo ningún indicio que no se pretenda cumplir con esto. No me cabe duda que el Presidente, en su momento, seleccionará al Director General entre los comisionados generales en servicio activo.

En el tema hay dos escenarios. Uno, que Granera acepte una propuesta de continuar en el cargo y dos, que Aminta no acepte y pase a retiro conforme a ley. ¿Qué legado deja si se retira y qué se puede esperar si decide continuar?
Así como la decisión presidencial, basada en legítimos criterios políticos coyunturales podría ser ampliar el periodo, quien resulte “beneficiado con esa ampliación”, tiene la responsabilidad ineludible y las obvias consecuencias de asumir o no tal medida. Las decisiones de este tipo que se asuman tienen efecto hacia la persona, la sociedad y las instituciones. Lo más sano es el relevo del mando y en todo caso, la permanencia temporal en el corto plazo. Pienso que si es así, no conllevará traumas institucionales y simplemente se superará el contexto actual electoral, postelectoral y de transición inicial de la nueva administración gubernamental.