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Después de haber sido notificado el jueves pasado por la demanda interpuesta por la alianza de partidos políticos que respalda la candidatura presidencial de la exprimera dama guatemalteca Sandra Torres, ante la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, el Procurador General de la República de ese país debe decidir si contestará, admitirá o se declarará en rebeldía procesal.

Torres acudió a la CCJ y a la Corte Constitucional de Guatemala, después de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de ese país, que le negó inscribirse para los comicios electorales de septiembre, basados  en el artículo  186 de la Constitución que prohíbe a parientes del Presidente optar a cargos públicos, pese a que ella se divorció del presidente Álvaro Colom en marzo.

De acuerdo con Francisco Darío Lobo Lara, Presidente de la CCJ, Torres acude a esta instancia regional paralelo a la demanda en la

Corte Constitucional de Guatemala que es el último tribunal nacional al que podía acudir.

“Sostienen que la Corte (CCJ) sí tiene competencia para interpretar y aplicar los tratados vigentes en Centroamérica, y que ellos están basando el reclamo en los tratados en materia democrática”, afirmó Lobo.

Fundamentos de la demanda
Indicó que entre los tratos en los que fundamentan el reclamo están: un tratado marco de seguridad democrática que está ratificado y vigente en Centroamérica, la Carta Democrática y la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, Odeca.

La demanda fue recibida el 28 de julio y después de discutirla por dos días decidieron que sí admitirían la querella y procedieron a notificar al Procurador General de la República de Guatemala, que es el representante legal del Estado, el jueves 4 de agosto, y a partir de ayer tiene diez días para responder.

De acuerdo con Lobo, los caminos que tiene el demandado son: aceptar los hechos y tener una solución rápida porque se procede a dictar sentencia; oponerse e iniciar el proceso prolongado; o no presentarse. “Si él no comparece, entonces lo que procede es declararlo rebelde procesal y se le sigue el juicio en su ausencia”, añadió.

Fallo de ineludible cumplimiento
Recordó que una sentencia de la CCJ es de ineludible cumplimiento y si la sentencia no es cumplida a quien le corresponde dictar las medidas para la ejecución de los fallos es a los presidentes centroamericanos, quienes pueden determinar medidas de orden diplomático, económico, político, para que un fallo sea cumplido.

Lobo señaló que la CCJ es una instancia para resolver a través del diálogo, pero hizo énfasis que es mejor actuar a tiempo. “El problema es que han presentado la demanda esta semana y nuestro deber era darle trámite y ya se le notificó a la otra parte”, dijo.

Caso sin precedentes
Consideró que no existen casos como este en elecciones, pero lo más cerca fue la demanda interpuesta por el expresidente, Enrique Bolaños, de Nicaragua, cuando acudió a esta Corte porque decía que le iban a quitar poderes constitucionales, que lo querían destituir.

“La Corte le notifico a la parte demandada que era el titular del Poder Legislativo, pero optó por el camino de no contestar, se le declaró rebelde procesal y rápido el juicio se resolvió”, comentó Lobo.