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La sentencia que dicte la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, en el caso de la exprimera dama de Guatemala, Sandra Torres, podría sentar un precedente para que en Nicaragua se tramite una demanda contra la candidatura del presidente Daniel Ortega, así lo manifestaron juristas internacionales, quienes definen el caso de Torres como “novedoso”.

El jurista Julio Icaza, manifestó que en el caso de Guatemala la demanda está fundamentada en el Tratado Marco de Seguridad, en las cláusulas relativas al sistema democrático.

“La CCJ tiene jurisdicción en los conflictos de poder. Ella (Torres) considera que se están lesionando sus derechos. Es un caso que pareciera difícil. Es una situación nueva. Si la Corte sienta un precedente como este, cabría llevar el caso de Daniel Ortega”, expresó Icaza.

¿Quién pondría denuncia?
En el caso de Nicaragua, Icaza recordó que la CCJ ve problemas entre poderes del Estado, así que la instancia que debería poner la denuncia es la Asamblea Nacional, pero recordó el control que del Poder Legislativo tiene el Frente Sandinista.

De ser un particular el recurrente, Icaza consideró que el punto estaría en la argumentación que se esgrima sobre la violación de sus derechos e hizo hincapié en que “primero tendrían que agotarse las instancias nacionales”.

Recomendó estudiar a fondo el caso de Guatemala por ser novedoso, y analizar el precedente que podría derivarse en Nicaragua.

Por su parte, el jurista y candidato presidencial por la Alianza por la República, APRE, Róger Guevara Mena, coincidió con Icaza en que la demanda por inconstitucionalidad de la candidatura de Ortega podría venir de una persona natural o jurídica nicaragüense que fundamente la violación de sus derechos.

Asimismo, coincidió en el hecho de que primero deben agotarse las instancias nacionales.

Guevara Mena señaló que es importante recordar que los fallos de la CCJ son de ineludible cumplimiento y que el país que lo desconozca debe enfrentar los riesgos. “En el caso que se desconozca un fallo de la CCJ, en ese momento el país que lo haga corre un riesgo de ser desconocido y de aislarse política, social, jurídica, económica e inclusive, militarmente”, dijo.

El problema en Guatemala

En el caso de Guatemala, la exprimera dama ha acudido a las diferentes instancias jurídicas nacionales y espera el fallo de la Corte Constitucional, pero, paralelamente, interpuso la demanda en la CCJ, porque ella desea participar en los comicios electorales de septiembre y se ha alegado que la Constitución guatemalteca no permite que familiares del

Presidente participen en las elecciones, pese a que se divorció a inicios de este año.
Icaza remarcó que en el caso de Guatemala el problema es la aplicación de la sentencia, porque la CCJ admite que el cumplimiento de la misma estará a cargo de la reunión de presidentes centroamericanos.

“Se debe recordar que no ha fallado la Corte Constitucional, es decir que no se han agotado las instancias nacionales. Habría que esperar. Me parece novedosa y vemos el problema en la aplicación en la sentencia”, planteó Icaza.

Añadió que a esto se deben sumar debilidades intrínsecas de la misma CCJ, pues carece de una autonomía financiera.
Consideró que la CCJ esperará el fallo de la Corte Constitucional de Guatemala, porque no puede decirse que el Estado guatemalteco ya tiene una decisión firme sobre el caso.

Otra de las dificultades del “caso Torres”, según Icaza, es que la CCJ está basándose en la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos OEA, pues la CCJ tiene que ver con la integración de Centroamérica, y lo interamericano ya sale un poco de su jurisdicción.

“Este es un caso que habrá que estudiarlo a fondo, porque es un caso con muchas aristas”, insistió.

Según Icaza,  otro de los puntos que se deberán analizar es cómo la CCJ fundamenta la sentencia y si esta concuerda con lo que diga la Corte Constitucional; y en qué tiempo la dicte, porque advirtió que se podría producir un “enfrentamiento entre órganos jurídicos internos y regionales”.

Centroamérica debe estar vigilante
Por su parte, el jurista Róger Guevara Mena señaló que la demanda de la CCJ se fundamentó en los  derechos establecidos en el Sistema de Integración de Centroamérica que regulan el derecho a elegir y ser electo, y eso supone que la comunidad centroamericana debe estar vigilante en todo proceso electoral. “Si se discrimina a alguien, se violenta la democracia”, expresó.

En tanto, el presidente de la CCJ, Francisco Darío Lobo Lara indicó que en el caso de las elecciones en Nicaragua, hasta el momento no han recibido ninguna demanda en esta instancia y que están claros de que la Corte solamente puede juzgar a “petición de partes”.

Manifestó que cada caso es diferente y de presentarse una demanda en Nicaragua contra la candidatura de Daniel Ortega, dependerá de cómo sea presentada para poder valorar su admisión. “Se tienen que analizar los fundamentos que invoquen”, aclaró.

PLC analiza situación
El vocero de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Miguel Rosales, indicó que antes de hablar de un eventual recurso ante la CCJ en el caso de la candidatura de Daniel Ortega, están analizando la composición de esta instancia regional.

“Saber por quiénes está integrada, quiénes propusieron a estas personas, respuestas que te ayudarán a prever un eventual fallo. Y cuidado más bien esto pudiera tener un efecto boomerang. Por ello hemos solicitado a nuestros asesores jurídicos que analicen profundamente esta situación”, señaló Rosales.

Aseguró que los asesores jurídicos presentarán sus conclusiones y luego tomarán una decisión.

“De antemano te puedo decir que si las conclusiones que nos presenten determinan la procedencia del recurso ante la Corte Centroamericana de Justicia, no tengas ninguna duda que vamos a actuar y proceder en esa línea, y recordemos que la candidatura de Daniel Ortega hoy es inconstitucional porque el PLC se opuso a la reforma de la Constitución Política”, sostuvo.