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Hoy es el último día para solicitar la cédula de identidad a nivel nacional, pero la sublevación por obtener este documento ciudadano está comenzando a sentirse con gran impacto, porque lo que antes eran reclamos a cuenta gotas, ahora se expresan en multitudes que exigen su documento, incluso, usando la violencia. La semana pasada, un grupo de jóvenes campesinos de la micro región Ayapal, ubicada en San José de Bocay, Jinotega, llegó hasta Managua a solicitar por primera vez dicho documento. Estas son algunas de sus historias.

A sus 21 años y con dos hijos de 6 y 4 años, respectivamente, María Jenny Herrera Rodríguez aún no tiene su cédula, y la requiere, principalmente, para tramitar una demanda por pensión alimenticia contra el padre de sus vástagos. Ella, como empleada, solo gana mil córdobas mensuales.

Wilmer Herrera Centeno, de 23 años, siempre había dado clases de educación primaria sin necesidad de presentar su cédula, pero desde que se opuso a cantar el himno de la alfabetización y se pronunció en contra del contenido ideológico del Programa de Profesores de Educación Media, PEM, le fueron limitando su trabajo de educador, hasta que le dijeron que necesitaba su cédula que aún no ha podido obtener. Herrera señala directamente a la delegada municipal, Vilma Medina Hernández, de obstaculizar su trabajo y de mandarlo a las comunidades más lejanas en sus últimos días como maestro.

Los hermanos Hernández Martínez, Yilber Ismael e Imara Esperanza, de 17 y de 15 años, respectivamente, vendieron dos quintales de maíz a 650 córdobas cada uno, para costear su viaje a la capital y venir a tramitar su cédula de 300 córdobas, porque en el municipio insisten en que no hay material para cedular. Yilber e Imara son dos de los hijos mayores de una familia que está conformada por nueve hermanos, pero ellos son los únicos que están aprovechando la alfabetización, así que sus padres tienen esperanza de que puedan profesionalizarse en el futuro o al menos que tengan sus documentos para trasladarse y vender los granos básicos que cosechan.

Una vida sin cédula
José Dolores Suárez Bravo, de 57 años, ha pasado una vida sin cédula de identidad, pero ahora la requiere, tanto para trabajar como para votar en las próximas elecciones, pero no la ha podido obtener porque asegura que el Consejo Electoral Municipal, CEM, está controlado por personas que saben que él “nunca, pero nunca” votaría por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, por eso interpreta que no le dan su documento, pero también porque fue de la contrarrevolución en los años 80.

Idania Centeno, de 21 años, pronto será egresada del bachillerato y luego quiere estudiar Administración de Empresas en una universidad de León, para administrar las ganancias que generan las 18 manzanas de tierra que tiene su papá, pero mientras no tenga su cédula, no le pueden tramitar su diploma de bachiller y tampoco podrá matricularse en esa Alma Máter.

En iguales circunstancia se encuentra Diana Quiñónez, de 18 años, quien también requiere su cédula para tramitar su diploma de bachiller y estudiar Enfermería en Ocotal. Antes fue maestra de preescolar en su comunidad, pero ahora le están exigiendo su cédula. Relata que tiene amigas que, igual que ella, aún no tienen el documento de identidad, pero solo por ser afiliadas al partido de gobierno, FSLN, las dejan dar clases sin problema.

Samuel Espinoza Hernández, de 18 años, quiere su cédula porque siempre se la piden en los hoteles donde se queda a dormir, cuando viaja con su padre a vender los granos básicos que cosechan… y la lista de personas y sus historias sobre necesidad de cédula sigue y sigue...

Son exactamente 82 casos de personas sin el documento de identidad, que el viernes pasado pudieron acercarse a Managua a solicitarlo directamente a la sede nacional del Poder Electoral, porque en su municipio, San José de Bocay, Jinotega, les dicen que no tienen material de cedulación.

Sobre estos casos, los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, han insistido en decir que son noticias que se publican como parte de “una campaña mediática de desprestigio contra la institución electoral”, y el mismo viernes, el vocero del CSE, Félix Navarrete, dijo que son personas “manipuladas” y “azuzadas” por los partidos políticos opositores al gobierno.

Sin embargo, a diferencia de los grupos dirigidos por el partido de gobierno, los cuales no ofrecen declaraciones a los medios de comunicación independientes y se quedan mudos cuando se les pregunta por qué se manifiestan en las calles, estos campesinos procedentes de San José de Bocay, sí cuentan sin miedos ni tapujos sus historias sobre la carencia de la cédula en su municipio.

Informe de Ipade
El segundo informe de observación electoral del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, revela de manera global lo que estas historias de los campesinos muestran a nivel particular.

Según el informe del Ipade, en la semana del 20 al 25 de junio se realizó un monitoreo sobre la apertura de los Consejos Electorales Municipales, CEM, con el fin de constatar el momento en que se instalaron y el tiempo de apertura. Se observó que en 99 municipios (de un total de 153), sólo en un 68% (66 municipios) ya estaban instalados los CEM.

En algunos municipios ya estaban abiertos desde el año pasado, y en el resto de municipios ni siquiera tenían los locales en donde iban a funcionar.

Hoy es el último día para solicitar cedula de identidad

De los 66 municipios donde se han instalado los CEM, solo el 70% (46) informa que se está atendiendo a la ciudadanía en sus trámites para la obtención de la cédula de identidad, sin embargo, hoy ya es el último día para solicitar este documento.

En un 26% (17) no se atendió porque se estaban organizando y no encontraron local para instalarse, aunque ya están nombradas las autoridades de los CEM.

El estudio señala que en los municipios de Juigalpa, Camoapa, Macuelizo, San Rafael del Norte, Santa Lucía y Ciudad Antigua solo abrieron dos días, pero nunca se atendió ningún trámite de cedulación.


“Entrega de cédulas debe ser política de Estado”

El diputado y presidente de la Comisión de Población Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional, Agustín Jarquín, opinó que el reclamo de las personas que no tienen cédula es justo y tiene que ser atendido como una política de Estado, porque quien no tiene el documento de identidad “está civilmente muerto y no existe”.

Jarquín considera que el CSE tiene un gran reto, porque la Ley de Identificación Ciudadana no se cumple, y en ese sentido reconoció que no existe una cedulación nacional, debido a que en las delegaciones municipales no atienden ni abren permanentemente.

“La cedulación no importa solamente cuando hay elecciones, importa todos los días de la vida, porque la cédula, por supuesto que sirve para votar, pero también sirve para que la persona pueda hacer cualquier trámite”, señaló.

Jarquín insistió en que “la persona sin cédula es una persona que está civilmente muerta, o sea no existe, no puede trabajar, no puede contratar, no puede casarse, no puede hacer un acuerdo jurídico, no puede cambiar un cheque, no puede abrir una cuenta de banco, no puede hacer un préstamo, en fin, prácticamente está ajena, no puede identificarse”, enumeró el diputado.

Además, mencionó que en la mayoría de los municipios las oficinas del Registro Civil trabajan en condiciones “deplorables”, “se trabaja de forma manual, además, que no se ha promovido que los padres registren a sus niños al nacer”. “Todo eso al final es la base sobre la que se construye un padrón electoral y la cedulación”, aseguró Jarquín.

“Cada quien es dueño de sus propios miedos…”
Jarquín también considera que debe existir voluntad de los magistrados del CSE y un esfuerzo genuino para despartidizar el manejo del Poder Electoral.

Particularmente el legislador, quien lidera el Partido Unión Demócrata Cristiana, UDC, y es aliado político del gobierno, dijo que han hecho llamados verbales y escritos al CSE para que realmente se preocupe por atender los reclamos ciudadanos en todo el país, porque si no lo hacen, los magistrados de este poder del Estado serán responsables de lo que pase en cada localidad, como lo ocurrido el jueves en el municipio de San Fernando, Nueva Segovia, donde ya hubo disparos, y, en consecuencia, corrió la sangre por la falta de cedulación.

“Cada quien es dueño de sus propios miedos, ellos (los magistrados del CSE) son responsables y no pueden ampararse con una aureola que el gobierno etcétera… porque ellos tienen su responsabilidad directamente, y en este caso el magistrado presidente, Roberto Rivas, tiene el cargo más ineludible y tiene que atender el clamor ciudadano, tiene que atenderlos porque estos eventos que están ocurriendo son preocupantes, son justos los reclamos de la gente y tienen que mejorar, aun con los problemas estructurales que existen”, enfatizó Jarquín.