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La Alianza del Partido Liberal Independiente, PLI, recibió ayer una notificación mediante la cual el Consejo Supremo Electoral, CSE, limita la publicación, divulgación o difusión del Padrón Electoral Provisional -entregado el martes a los partidos políticos-, de lo contrario “estarán sujetos a sanciones establecidas en la Ley Electoral y demás leyes de la República”, se lee textualmente en la “Cédula de notificación”.

Los magistrados de facto del Poder Electoral mencionan los artículos 33 y 37 de la Ley Electoral para ordenar que el Padrón Electoral debe ser utilizado exclusivamente para el consumo interno de las organizaciones políticas participantes en las presentes elecciones”; sin embargo, ninguno de los dos artículos alegados obliga a los partidos políticos a manejar con discreción o sigilo el Padrón Electoral.

En la notificación también se detalla que el padrón es “propiedad intelectual del CSE, por lo que, ninguna organización política está facultada para publicar, divulgar o difundir por ningún medio electrónico, impreso, televisivo, radial y otros esta información”.

El vocero de la campaña de la Alianza PLI, Eliseo Núñez Morales, interpretó este nuevo anunció como censura para evitar las críticas y cuestionamientos al Padrón Electoral; sin embargo, dijo que “con sólo abrirlo se ven irregularidades como el hecho de que hay Juntas Receptoras de Votos, JRV, conformadas con más de 400 votantes”.

“En Managua, por ejemplo, así a simple vista, se mira que más de la mitad de las JRV están por encima de los 400 votantes, pero lo que estoy diciendo se podría constituir como un delito electoral, porque ellos prohibieron hablar del Padrón”, dijo Núñez Morales.

Explicó que aún no les han quitado el derecho a hacer observaciones como partido político, pero solo tienen que ser dirigidas al CSE de manera “privada”, y al final ellos deciden si las quieren resolver o no.

“Bomba de tiempo”
Núñez Morales consideró que el CSE se está exponiendo a una “bomba de tiempo”, porque existen “grandes presiones del territorio” que demandan  su derecho a una cédula, su derecho a votar en democracia y su derecho a ser incluidos en este Padrón.

“Corremos el riesgo de estar creando una bomba de tiempo, porque la gente se siente frustrada porque no tiene cédula, porque no le respetan su voto y porque, incluso, ahora el señor (Roberto) Rivas está queriendo silenciar a la gente”, expresó Núñez, quien también hizo alusión a los casos de violencia de San Fernando y Siuna, donde la gente está demandando su cédula.

“Esto puede ir escalando en la medida que la gente se sienta frustrada y los partidos político no vamos a tener capacidad de controlar los territorios”, agregó el vocero del PLI.

Diputados también son responsables
Por su parte, representantes de organizaciones de la sociedad civil demandan más voluntad de los partidos políticos en la Asamblea Nacional, para que insistan en la aprobación de una Ley de Observación Electoral que garantice la democracia y las elecciones.

La presidenta del Movimiento por Nicaragua, Violeta Granera, dijo que están trabajando en consenso con la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, la Coordinadora Civil, Hagamos Democracia y otras organizaciones, para recoger firmas que respalden esta iniciativa; sin embargo, reconocen que sin la voluntad de los diputados opositores no pueden hacer posible dicha ley.

Granera manifestó que si los diputados no hace todo lo posible por aprobar la ley de observación antes de las elecciones del 6 de noviembre, serán responsables de la violencia que genere la desesperación ciudadana, como lo ocurrido la semana pasada en San Fernando, Nueva Segovia.

Granera también cuestionó la figura de “acompañamiento electoral”, que está promoviendo el CSE en reemplazo de la observación, porque considera que es un elemento para no recibir críticas de organismos nacionales ni extranjeros.