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El doctor Sergio García Quintero, especialista en Derecho Constitucional, expresó que el caso de Roberto Rivas deja en claro la situación de corrupción que impera en Nicaragua.

“Lo más preocupante es que esto no es un hecho aislado, sino parte de una cadena que denota la corrupción de la Contraloría, del gobierno y de las entidades públicas, que actúan como encubridoras de funcionarios que se lucran ilícitamente”, afirmó García.

“La magistrada de facto Alba Luz Ramos usa la campaña electoral como un escudo para justificar los actos de corrupción, burlándose de las leyes, y las declaraciones de Hernán Estrada solo son un parapeto, porque tan válida es la denuncia pública como la formal”, añadió García.

Señaló, además, que la Fiscalía tiene gran responsabilidad, porque tiene potestad de ordenarle a la Contraloría y a todos los organismos del Estado, que suministren la información necesaria para iniciar juicio penal.

En el caso del asesor de la Presidencia, Bayardo Arce, dijo que sus declaraciones solo reflejan la misma complicidad y encubrimiento, ya que las investigaciones criminales no responden a los caprichos de nadie, mucho menos de los dueños de un periódico.

García Quintero recordó las palabras del Marqués de La Fayette: “Si el gobierno viola los derechos humanos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos”, e insistió en la necesidad de que se impulsen manifestaciones populares, se retome la denuncia pública y el no pago de impuestos como mecanismo de presión, ante un Estado donde la ilegalidad es la norma, no la excepción.

Funcionarios no quieren perder prebendas
Gabriel Álvarez, especialista en Derecho Constitucional, consideró que, en términos generales, la visión de los funcionarios públicos sobre las acusaciones a Rivas, suficientemente probadas, es la de protegerse, volviendo a ver para otro lado.

“Esta actitud responde a razones políticas y personales. Estos funcionarios saben que debilitar la figura de Roberto Rivas es ir en contra de la principal pieza fraudulenta del engranaje de este período electoral, y esto podría ser tomado como un ataque directo a la figura de Daniel Ortega”, dijo Álvarez.

Añadió que los funcionarios públicos solo desean mantener sus prebendas y beneficios, aun a costa de un Estado de Derecho visiblemente violentado, porque al asegurar que Daniel Ortega asuma un tercer período presidencial, garantizan sus puestos de facto.

Insistió en que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República tienen que iniciar un proceso investigativo, de lo contrario, son cómplices por omisión y pueden enfrentar procesos penales.

“Creo que los nicaragüenses no podemos permitir que estos funcionarios declaren olímpicamente que este es un caso cerrado. END ya hizo su parte, ahora nos corresponde a nosotros hacer denuncias formales para sentar precedentes y abrir un expediente”, comentó Álvarez.

Periodismo independiente se destaca
Gustavo Bermúdez, Presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN, aseguró que la investigación impulsada por END es muestra de que el periodismo independiente está efectuando su papel fiscalizador, y está demostrando a los funcionarios públicos, que pueden escapar del brazo de las leyes, pero no de la verdad.

“El todopoderoso Roberto Rivas nunca imaginó que tenía su desgracia en su propio bolsillo, y por eso esto es una campanada de alerta para Daniel Ortega y sus allegados”, señaló Bermúdez.

Añadió que los periodistas están sentando a los corruptos en el banquillo de los acusados, presentando las pruebas y dándole al pueblo la información necesaria para que se forme un criterio propio.

Medios están solos
El periodista Alfonso Malespín consideró que si bien es cierto que los medios de comunicación están ejerciendo su función de denuncia social, esto no es suficiente, ya que se necesitan instituciones públicas fuertes, partidos políticos responsables y ciudadanos activos.

“Los periodistas están haciendo su trabajo de fiscalización, pero no son jueces. La ciudadanía también tiene su cuota de responsabilidad. Recordemos que las evidencias periodísticas no son necesariamente judiciales. Aquí necesitamos personas responsables que hagan una petición a la Contraloría para solicitar una auditoria especial”, afirmó Malespín.

Ramos no protege a nadie, dice
El vocero de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Roberto Larios, por medio de un escrito, indicó que en relación con el cerco que libra al magistrado de facto de procesos judiciales, la presidenta de ese poder del Estado “de ninguna manera está  protegiendo al licenciado Roberto Rivas”, pues únicamente respondió a la pregunta del periodista con la prudencia que le exige su investidura de magistrada del Poder Judicial.

Sin embargo, Larios no mencionó la descalificación que desde su alta investidura hizo la magistrada de los trabajos periodísticos, indicando que “eso se está dando por el contexto (porque) es un año de elecciones”.