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Pese a que la exprimera dama de Guatemala, Sandra Torres, ya no podrá correr como candidata a la Presidencia de ese país, aún podría restituírsele ese derecho en el juicio que abrió la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, tras aceptar la demanda de la coalición de partidos que impulsan este caso.

La CCJ realizó ayer la Audiencia Pública donde las partes expusieron sus alegatos, aún cuando horas antes el Procurador General de la República de Guatemala —como representante de la parte demandada— pidió la anulación del proceso, lo cual fue rechazado por los magistrados del órgano regional.

La Audiencia fue reñida. Por un lado el abogado Danilo Roca, representante de la parte demandante, defendía la decisión de recurrir a la CCJ y por otro el Procurador guatemalteco, Guillermo Porras Ovalle, desconocía la competencia de la CCJ para conocer y resolver el caso.

Fracaso de la sustentación democrática
Roca expresó que el hecho de estar ventilando este caso en la CCJ “significa el fracaso del diálogo en la sustentación democrática de la concertación que debería de ser la solución a los problemas políticos de la nación”. “De manera torpe se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia”, apuntó.

En sus alegatos, Roca señaló que el artículo 186 de la Constitución Política de Guatemala era inaplicable a Sandra Torres, por cuanto ésta se había separado del presidente Álvaro Colom antes de postularse para la Presidencia de Guatemala.

Dicho artículo establece que no pueden optar al cargo de Presidente los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando éstos se encuentren ejerciendo.

Además, recordó que el Tribunal Electoral de Guatemala le negó la inscripción a Torres, aún cuando la Corte Suprema de Justicia ya había declarado “no ha lugar” al fraude de ley que supuestamente había cometido la exprimera dama al separarse de Colom para postularse.

“Bajo protesta”
Porras Ovalle expresó, por su parte, que estaba presente en la Audiencia “bajo protesta”, pues no reconoce la competencia de la CCJ para conocer y resolver el caso y porque —según él— el proceso está viciado.

Uno de los vicios que mencionó el Procurador es que la firma del representante legal de la coalición de partidos que respalda a Torres, no corresponde a su nombre en un escrito donde le confiere poder al abogado nicaragüense Róger Guevara Mena para actuar como representante en Nicaragua. El nombre del abogado es Jairo Joaquín Flores Divas y en el documento aparece como “Jaoquín”.

El también abogado del Estado de Guatemala, Saúl Olivas Figueroa, descalificó a la CCJ porque al ser un órgano regional, solo está conformado por tres países: Nicaragua, El Salvador y Honduras.

Corte sigue audiencia
El Procurador guatemalteco insistió en que se declarara “nulo” el proceso, pero el presidente de la CCJ, magistrado Francisco Daría Lobo, reiteró que este órgano emitirá formal sentencia sobre el caso.

En el período de réplica y dúplica entre las partes, hubo tensión y Porras Ovalle incluso llamó “colega fogoso” a su contraparte. La Audiencia fue presencia por autoridades y estudiantes de la Universidad Centroamericana y por invitados especiales en el auditorio “Xavier Gorostiaga” de esa Alma Máter.