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En Nicaragua el Gobierno no provee a los Organismos de la Sociedad Civil, OSC, de un ambiente propicio, como actores de desarrollo y, por el contrario, limita y corta espacios a quienes no son de su línea política, aseguró Iván García Marenco, miembro de la Coordinadora Civil y uno de los coordinadores del Foro Internacional Abierto sobre eficacia del desarrollo de las OSC.

Relató que previo al cuarto foro de alto nivel para la eficacia y el desarrollo de las OSC, se realizaron 55 encuestas en todo el mundo para saber qué desea dar a conocer la sociedad civil en el foro que se realizará en Busan, Corea.

García indicó que Nicaragua firmó, junto a otros países, los acuerdos realizados en Accra, Ghana, donde se establecía que tanto los gobiernos, como los donantes, debían crear un ambiente propicio a la sociedad civil.

“Nosotros creemos que lo que hemos recibido y estamos recibiendo en Nicaragua es un ambiente deshabilitante y poco propicio, sobre todo porque uno de los actos en contra de la sociedad civil ha sido la anulación, en la práctica, de la Ley de Participación Ciudadana”, señaló García.

Como ejemplo, afirmó que en todos los municipios donde hay un gobierno local dirigido por el Frente Sandinista se ha anulado a los organismos de la sociedad civil, que son los Comités de Desarrollo Municipal, CEM.

“Este Gobierno solo reconoce como sociedad civil organizada a los CPC (Consejos del Poder Ciudadano). Han sustituido a las organizaciones de sociedad civil que existían antes. Los CPC tienen derecho a existir, pero deberían ser parte del sistema y no únicos miembros del sistema”, dijo.

Por su parte, Marvin Parrales, del Movimiento “Pedro Joaquín Chamorro”, consideró que la clase política ha visto como enemigos a la sociedad civil, sólo por criticar las violaciones a las leyes y a la Constitución.

“Lo que se ha puesto de moda es el decretazo del presidente Daniel Ortega, pero con la complicidad de los partidos zancudos que tienen representantes en la Asamblea Nacional”, aseguró Parrales.

Calificó a los CPC como una “reacción del gobierno para tratar de partidarizar” a las organizaciones civiles. “Si estas en los CPC te tomamos en cuenta, si no estás, no existís y sos un enemigo para este sistema”, dijo Parrales.