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Los diputados del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, se opondrán a la Ley Antifraude Energético por considerarla “un negocio” acordado entre el gobierno, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y la empresa distribuidora de energía Unión Fenosa.

El jefe de la bancada del MRS, Víctor Hugo Tinoco, señaló que la legislación está diseñada para penalizar a todos los usuarios del servicio de energía, siempre que Unión Fenosa, junto al Instituto Nicaragüense de Energía, INE, compruebe que “roban energía”.

Según Tinoco, la ley contempla penas carcelarias y multas a los usuarios que roben energía y que sean consumidores de 800 kilovatios/hora al mes; además de sanciones administrativas para los que sustraigan energía y sean consumidores de 500 kilovatios/hora al mes; sin embargo, las sanciones se irán generalizando a todos los usuarios “de forma gradual”.

El negocio
Para Tinoco, “la aprobación de esta iniciativa es producto de un acuerdo entre el presidente Daniel Ortega, Arnoldo Alemán y Unión Fenosa. Éste es un combo en el que los tres saldrán ganando”.

“Unión Fenosa, porque por la vía de las amenazas de cárcel le sacará del bolsillo más dinero a los consumidores. Ganará también el grupo económico más cercano al presidente Ortega, porque por la vía de las ganancias obtenidas con el petróleo venezolano han realizado préstamos a algunas generadoras y necesitan recuperar el dinero una vez que Unión Fenosa pague a las generadoras.

Y saldrá ganando Arnoldo Alemán una vez que se termine de publicar el Código Penal bajo el pretexto de darle vigencia a las penalidades contempladas en la ley, lo que lo librará de la cárcel debido a las tipificaciones contempladas en el Código sobre el delito de lavado de dinero”, explicó Tinoco. Agregó que “los únicos que saldrán perdiendo en todo esto serán los consumidores”.

Navarro niega
No obstante, el principal impulsor de las modificaciones a la ley, Wilfredo Navarro, negó la versión de Tinoco en el sentido de que en el futuro se aplicarán las sanciones administrativas y penales a todos los usuarios por igual, pues, según Navarro, para hacer eso se necesitará de una reforma a la ley.

Tinoco dijo que en la discusión y aprobación de la ley, artículo por artículo, programada para hoy, los diputados del MRS se abstendrán de votar en aquellos aspectos que consideren no “tan dañinos” para la población, pero en los artículos en los que se atente contra los usuarios, votarán en contra.


Mociones presentadas
Algunas de las mociones presentadas por el diputado Wilfredo Navarro, a través del asesor jurídico de la bancada, Oscar Carrión, quedaron incorporadas en la ley y son las siguientes:
Artículo 26. Obligación de las Empresas Distribuidoras.

Por disposición de la presente Ley, Las Empresas distribuidoras están obligadas a establecer para su ejecución, planes especiales anuales de inversión, acorde a la situación financiera de la empresa, para reducir las pérdidas técnicas y operativas, los que deberán ser remitidos al INE para lo de su cargo, estableciendo una garantía de cumplimiento.

Artículo 32. Daños físicos o materiales a terceros.

Cuando por responsabilidad de algunas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, se ocasionaren daños físicos, materiales, lesiones o la muerte de terceras personas; estas empresas distribuidoras estarán en la obligación de pagar las indemnizaciones por daños y perjuicios; para la determinación de los daños las partes podrán someterse al arbitraje del INE.

El INE deberá aprobar dentro de sus normativas la tabla de indemnizaciones para ser aplicada a los casos concretos, en su calidad de ente regulador; el cual podrá asistirse de una Comisión Interinstitucional especializada para cada caso según corresponda, e integrada por delegados de las autoridades de cada una de las instituciones que a juicio del INE considere necesarias para la emisión de un Dictamen o Resolución.

El dictamen o resolución deberá ser emitido dentro de un plazo no mayor de 90 días calendario a partir de la ocurrencia del hecho, y también prestará mérito ejecutivo a favor de las personas afectadas.

Al artículo 14 se agregó el siguiente párrafo:
Los miembros que integran las cuadrillas de inspección deberán estar debidamente identificados con carnés que los acrediten como inspectores de la empresa distribuidora, y que deberá contener además su nombre y número de cedula.

Al artículo 17 se agregó lo siguiente:
Si en cualquier estado el procedimiento administrativo se llegase a establecer que la empresa distribuidora cobró más que lo que le correspondía, o es responsable de un daño cuantificado, ésta deberá pagar o establecer un acuerdo de pago dentro de un término de cinco días a partir de la certificación que al efecto libre el INE.

El INE estará obligado a resolver en los plazos establecidos en la ley y en las normativas correspondientes los recursos administrativos aquí contemplados.

De no resolver el recurso de revisión o el de apelación administrativa, en su caso, en los plazos establecidos en este artículo, operará el silencio administrativo positivo a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios del INE por la falta de resolución oportuna.

Para la acción penal la certificación del INE constituirá prueba indubitable.