Jorge Eduardo Arellano
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Los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional están preparando la contraofensiva. Entre las acciones está la aprobación de un decreto que ordena a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) la realización de las elecciones municipales en todo el país, la interpretación auténtica de la Ley Electoral y la presentación de un recurso por conflicto de competencia entre Poderes del Estado.

El jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), diputado Maximino Rodríguez, anunció que mañana en la reunión de la Junta Directiva del Parlamento, los directivos liberales tratarán de poner en agenda la aprobación del decreto y la interpretación auténtica de la Ley Electoral.

Los legisladores opuestos al gobierno decidieron emprender estas acciones luego de que los magistrados del CSE emitieron una resolución suspendiendo las elecciones municipales en Bilwi, Prinzapolka y Waspam, municipios del Caribe Norte.

Lo primero
“Tenemos elementos para llegar a un feliz final”, aseguró Rodríguez, quien explicó que primero impulsarán la aprobación de una resolución en la que el Parlamento se manifiesta a favor de la realización de las elecciones municipales en todo el país.

La diputada de la Bancada Democrática Nicaragüense, María Eugenia Sequeira, confirmó que en conjunto con las bancadas opositoras, impulsarán la aprobación del decreto y que recurrirán de amparo, presentando el recurso de conflicto de poderes “con el fin de revertir la resolución del CSE”.

Sin embargo, Sequeira no descartó la posibilidad que el recurso por conflicto de poderes sea revocado por la Corte Suprema de Justicia, que decidirá finalmente si tiene cabida, ya que, según ella, “éste es el país de las maravillas”.

¿Y los votos?
“Voy a conversar con los muchachos de Eliseo (Núñez), todos estamos por el respeto de la Constitución”, expresó Rodríguez, cuando fue consultado si tienen los votos necesarios. Según el legislador, se necesita de 47 votos, lo necesario para hacer quórum, para la aprobación del decreto y para la interpretación de la Ley Electoral.

Sin embargo, la Ley Electoral es de rango constitucional, y su reforma o aclaración requiere de 56 votos.

La última estrategia de la oposición es acusar por delitos a la Constitución a los magistrados del CSE. “Según el Código Penal vigente, artículo 521, los delitos contra la Constitución son penados con dos años inconmutables”, expresó el legislador.

“Un último recurso es que los ciudadanos acusen en la Fiscalía a los magistrados del CSE porque no es fácil destituirlos”.

“Nosotros (bancadas de oposición) desconocemos categóricamente la resolución del CSE, porque ellos no tienen ni la facultad constitucional, ni la facultad legal en cuanto a la Ley Electoral”, expresó Sequeira.