• |
  • |
  • END

Ningún recurso legal podrá revertir la suspensión de las elecciones municipales en Bilwi, Prinzapolka y Waspam, “porque la Corte Suprema de Justicia ya le ha dado patente de corso al CSE”, dijo ayer el doctor Sergio García Quintero.

El jurista explica que “a pesar de ser altamente errónea, equivocada, ilegal y contraria a la Constitución Política, no nació dentro de los magistrados electorales, sino que esto viene desde la nueva Casa Presidencial que opera en la Secretaría del FSLN”.

“Ésta es parte de una estrategia del gobierno donde (Daniel) Ortega pretende varias cosas: una es la de evitar la derrota que pueda sufrir en los municipios señalados, donde el gobierno no actuó como debió hacerlo después del huracán Félix, y “donde quedó mal sentada la posición ética del gobierno”.

Por el otro lado, “están los sueños de Ortega en perennizarse en el poder y apartar en el camino todo aquello que le pueda afectar, dando pasos agigantados hacia una tiranía”.

“El CSE ya no sorprende a nadie, porque está actuando como un ente del gobierno que está por encima de la ley, pero la culpa la tiene la Corte Suprema de Justicia”, dijo el jurista, quien puso como ejemplo el caso de Alejandro Bolaños a quien “el CSE despojó de su diputación”, dijo.

Lo grave de todo esto
Estimó que lo grave de todo esto no es sólo el hecho mismo de la suspensión de las elecciones, sino el hecho de que se está sentando un precedente gravísimo, puesto que el día de mañana puede perfectamente considerar el CSE que no están dadas las condiciones para que se lleven a cabo las elecciones municipales en León y Managua y suspenderlas tranquilamente”.

“Lo mismo haría en suspender una elección presidencial en el país, aduciendo motivos que no tienen sustento legal alguno, de tal manera que el problema es institucional de enorme gravedad, y que sólo se puede resolver en que se retracte el Consejo Supremo Electoral, porque por medios legales no se va a llegar a nada”, dijo.

El jurista no descartó que pueda emerger una solución violenta generalizada, “porque se ha visto conforme la doctrina Ortega-pueblo presidente más de lo que la Constitución señala en el sentido de que la soberanía reside en el pueblo, y ello parece ser lo que ha llevado a los pobladores del Atlántico a manifestarse de esa forma”.

“Hay una situación gravísima planteada en el país, Ortega es el responsable de la violencia que se genere, porque se están sembrando vientos y se van a cosechar tempestades”, advirtió el jurista.

Estima que podría producirse una acción penal contra estos personajes, especialmente contra Roberto Rivas, “quien se ha erigido como un nuevo Moisés que sube al Sanaí y se dirige al mortal que está en Nicaragua por encima de la Constitución y de la leyes, y las tablas de la ley las está haciendo él ahora”, dijo.


Diputados pusieron quejas ante Arbulú
Ary Neil Pantoja
Los diputados de la oposición enviaron una carta al representante del Fondo Monetario Interanacional en Nicaragua, Humbero Arbulú-Neira, en la que responsabilizan de la crisis institucional al presidente Daniel Ortega, y de la obstaculización de la aprobación de la Ley Antifraude Energético.

“Casi desde el inicio del actual gobierno, éste se ha caracterizado por actuar de una manera autoritaria, irrespetando el principio de legalidad, con falta de transparencia, un restringido o casi nulo acceso a la información pública y por la manipulación de las instituciones del Estado en beneficio de sus propios intereses y en perjuicio de sus principales adversarios políticos”, se lee en parte de la carta a Arbulú.

“No podemos vivir de crisis en crisis, de ilegalidad en ilegalidad. Hemos visto cómo el caso de los Cenis y la subasta de activos residuales que fueron parte de las condicionalidades (del FMI) se han convertido en un instrumento de cacería política, de amenaza a la libertad de expresión y ultraje a la dignidad humana. Hemos conocido de la intención (ahora ejecutada) de suspender las elecciones en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN”, señala el documento.

Agregan en la carta fechada el primero de abril, que “sin perjuicio de algunos ajustes que deben hacerse para favorecer a los consumidores, no creemos que existan las condiciones mínimas para aprobar la Ley de Distribución y Uso Responsable del Servicio Público de Energía. No podemos estar aprobando leyes cuando sabemos que el gobierno sólo las cumple cuando le conviene y favorecen”.