Rafael Lara
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El depuesto Procurador Especial de los Pueblos Indígenas, José Antonio Barrientos Watson, asegura que está en indefensión, ya que después que el procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, lo destituyó del cargo arbitrariamente, el Ministerio del Trabajo (Mitrab) dice no tener competencia en el caso.

Barrientos expuso su denuncia en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), instancia donde consideraron que se violentaron los derechos laborales del denunciante.

Sólo le agradecen
El ex procurador indígena dijo desconocer por qué lo removieron del cargo, pues en la carta sólo le agradecen por su
tiempo prestado y le anuncian que prescinden de sus servicios.

“Lo que no se menciona es que fui nombrado en base a la Ley 212, contemplado en el artículo 18 numeral 17 y en el artículo 23 párrafo tercero, que dice que los procuradores especiales cesarán de sus funciones una vez electo el próximo Procurador, así que si el período de Cabezas finaliza el 10 de diciembre de 2009, será potestad del sucesor si continuamos o no en funciones como procuradores especiales”, alega, reclamando que necesita que le restablezcan sus derechos restituyéndolo en el cargo.

“Fui juramentado el 1 de diciembre de 2005, y sin explicaciones cesado el 4 de abril de este año, con una notificación entregada a las siete con 30 minutos de la noche, que me fue entregada por Sixto Ulloa”.

Barrientos dijo no conocer con certeza las razones del procurador Cabezas, sin embargo, especuló que hay dos situaciones probables: en primer lugar, por tener simpatía con el Partido Liberal, y en segundo lugar, por haber descubierto el caso de los niños de Puerto Cabezas que arbitrariamente iban a un orfanato, algo en lo que estaban involucrados funcionarios del partido sandinista.

Ese caso le fue pasado a la procuradora de la niñez por ser de su competencia, pero alguien tenía que pagar los “platos rotos”.

Segundo caso de despidos arbitrarios
“Éste es el segundo caso que conoce la CPDH en relación con despidos arbitrarios en la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). El primero fue de 8 personas despedidas y dos obligados a poner su renuncia aduciendo reestructuración de la institución. A pesar de haber una resolución del Mitrab que anula el despido, hasta el momento no se acata. Por eso creemos de que estos casos tienen un trasfondo político, pues casualmente las personas mandadas al desempleo no son de tendencia sandinista, enmarcado en la violación a los principios básicos de los trabajadores”, expresó Elizabeth Argüello, coordinadora del proyecto justicia de la CPDH.

También considera que el Procurador de Derechos Humanos está al margen de la ley al aplicar estos despidos, dejándolos desprotegidos sin garantizarles su liquidación. Por otra parte criticó a la inspectora regional del Mitrab quien emitió una resolución donde establece que no tiene competencia de conocer el caso, porque el nombramiento de Barrientos fue realizado bajo la Ley 212.