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En un foro sobre democracia y justicia, especialistas en materia de comunicación social y derechos humanos coincidieron en que el gremio de periodistas de hoy tiene planteado un reto ante las agresiones que el actual gobierno ejerce en contra de la libertad de expresión, contexto del que afirman se han cambiado los cascos y los garand del somocismo por tribunales y judicaturas.

La Unión de Periodistas de Nicaragua, UPN, y la Fundación Konrad Adenauer promovieron un debate sobre la situación del periodismo a nivel nacional en relación con el comportamiento del actual gobierno con este gremio, que se queja de recibir maltrato de parte de los sistemas que han administrado el país desde el tiempo del somocismo hasta la era actual.


No a leyes de excepción
Uno de los expositores en este foro fue Danilo Aguirre Solís, Director-Fundador de EL NUEVO DIARIO y Presidente-Fundador de la UPN en 1978, quien recordó que los periodistas, en el plano internacional, siempre han luchado contra leyes conocidas como de excepción, “es decir, que no existan códigos negros, amarillos o rojos que sancionen o juzguen el ejercicio de la comunicación social”.

“Nosotros no sólo hemos rechazado, sino que hemos luchado contra ese tipo de leyes, para qué, si podemos responder por daños económicos, lucro cesante, injurias y calumnias, lo que está establecido en la legislación común”, indicó.


La “Ley Cornelio”

Aguirre trajo a colación que en su última década el somocismo, con el fin de burlar estas premisas, modificó la legislación común en el capítulo de las injurias y calumnias, convirtiendo esta figura jurídica, que antes atendía a tradicionales regulaciones sociales entre las personas, en un arma tan poderosa contra la libertad de información, y las sumas de sus sanciones económicas la convirtieron en ley confiscatoria, tanto para medios de comunicación grandes como pequeños.


Este artificio represivo
--prosiguió-- fue impulsado e impuesto por el tristemente célebre diputado somocista Cornelio Hüeck, la persona de mayor influencia en Nicaragua después de la familia dinástica, quien la usó fundamentalmente en contra del director en ese tiempo del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.


Está vigente
“Esta deformación jurídica ahí está, no ha experimentado ninguna variación; ningún grupo, asociación o movimiento de periodistas ha asumido el papel de reclamar una reforma o su abolición”, señaló.

Añadió que “hay un nuevo Código Penal, y si la eliminación de esta ley llega a suceder, tal vez será ya demasiado tarde, pero en este momento está vigente, amenazando al gremio periodístico con juicios sumarios y multas confiscatorias, además establece una sola instancia de apelación, que es el Juzgado de Distrito, y ahí muere, por lo que se puede entablar un demanda civil en un terreno donde tradicionalmente la jurisprudencia nicaragüense nunca ha aceptado que son los daños morales”.


Las censuras y las emergencias
El Director-Fundador de EL NUEVO DIARIO recordó que esa modalidad no se utilizó en los años 80 contra el periodismo, ya que se recurrió a la medida brutalmente simple de la censura previa, con el respaldo de un permanente Estado de Emergencia, “esa fue la tónica de esa década”.

“Por eso no debemos extrañarnos, sabidos, como estamos, que las estrategias de represión suelen repetirse, que se usen los mismos métodos, o que un futuro control por el halago o la amenaza de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional nos traiga de nuevo los Estados de Emergencia y con ellos los cierres y censuras”, indicó.

El Presidente-Fundador de la UPN llamó a la sociedad civil y al periodismo en particular a no solo estar alertas, sino a enfrentar con la valentía y la dignidad que le han sido característicos, lo nuevos retos y desafíos que nos impone la lucha por la libertad.


Los derechos de la población
Por su parte, la directora del Centro de Investigaciones de la Comunicación, Cinco, Sofía Montenegro, expresó que la comunicación política asegura tres funciones: la primera, contribuye a señalar los nuevos problemas que surgen, para posteriormente integrarlos a los debates políticos del momento, garantizando de esta forma la legitimidad de los mismos, y en tercer lugar, permite la exclusión de temas que han dejado de ser objetos de conflictos por ser de orden temporal.

A criterio de Montenegro, la comunicación debe ser un paradigma compartido entre todos de forma consciente y explícita, para retomar los principios constantes de la democracia y el reconocimiento de los derechos fundamentales de los seres humanos que den lugar a un Estado de Derecho, a un Estado donde los ciudadanos se reconozcan y por ende también los derechos en materia de información.

En tanto Gonzalo Carrión, Director de defensa y denuncia del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, destacó que los medios de comunicación deberían dar prioridad en sus agendas a problemas de mayor relevancia para la sociedad, y no centrarse en la nota roja o en querellas vecinales que no hacen más que exponer aún más las debilidades de una sociedad que se ahoga en la miseria impuesta por un poder económico y una clase política inmorales e irresponsables.