Edgard Barberena
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El doctor Sergio García Quintero denunció ayer que el presidente Daniel Ortega “bypasseó” la institucionalidad del país porque de un solo “plumazo” reformó la Ley 290, que organiza las instituciones del Ejecutivo y que sólo la puede reformar la Asamblea Nacional.

Dijo que Ortega, mediante el decreto número 21-2008, publicado en el diario oficial La Gaceta del cinco de mayo de 2008, reformó el artículo 58 del reglamento de la Ley 290, para crear una Secretaría de Asuntos Indígenas del Ministerio de Relaciones Exteriores, y nombró en ese cargo a Joel Antonio Dixon Coban.

Sueños del parlamentarismo
El jurista dijo que “el hecho de que el comandante Ortega se salte las trancas para violentar la Constitución Política, ya no es nada nuevo en el país, porque se vale de 50 mil artilugios como para dejar por un lado la legalidad del país e ir sometiendo en una dictadura blanda a un país que sin lugar a dudas ha perdido el brillo de la juridicidad”.

“La constitucionalidad del país está por el suelo, y ahora, más que nunca, la ciudadanía está comenzando a demostrar, aun dentro de sus filas, la enorme decepción que sufre cuando ve a alguien que con la más absoluta y total irresponsabilidad pasa por encima de la ley para hacer su capricho”, dijo.

García Quintero recordó que “definitivamente él (Ortega) vive soñando con el parlamentarismo, pero en algún momento dado pasa por encima de la Asamblea Nacional para mantener la hegemonía del Poder Ejecutivo. Él está diseñado para ser un dictador y no para ser un primer ministro o para manejar un Estado fundamentado en el parlamentarismo”.

Asamblea no reacciona
Estimó que los diputados de la Asamblea Nacional “desde hace tiempo debieron haber reaccionado sobre las acciones de Ortega contra la institucionalidad, pero desgraciadamente estamos viendo cómo se institucionaliza y echa profundas raíces la forma irregular que tiene la AN y los demás poderes del Estado en no protestar e ir aceptando con unos cuantos gestos de inconformidad situaciones que tienden directamente hacia una tiranía, de la cual van a ser responsables no solamente el tirano de turno, sino todas aquellas fuerzas e instituciones que diciéndose democráticas, disfrazan de prudencia lo que no es otra cosa que el ‘yoquepierdismo’ y sus propias cobardías”.

Señaló que ante esta violación de Ortega a la ley y funciones de la Asamblea Nacional, cualquier ciudadano puede protestar a través de un recurso, “pero lo que pasa es que ya en Nicaragua no hay valor para hacerlo”.

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