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TERCERA ENTREGA Y FINAL

Tres especialistas consultados por EL NUEVO DIARIO, encuentran debilidades en tres aspectos del Plan Nacional de Desarrollo Humano, PNDH, formulado por el gobierno: el modelo de participación ciudadana, los programas Hambre y Usura Cero, y el programa económico en general.

El modelo de participación del PNDH se basa en la hegemonía de los CPC, lo que sin consenso mínimo podría implicar una dictadura, advierte Silvio Prado, especialista en participación ciudadana.

Los criterios de selección de las beneficiarias y la medición del impacto real no es claro en los programas Hambre y Usura Cero, señala por su parte Claudia García Rocha, especialista en transparencia presupuestaria.

Como corolario, el programa económico es fundamentalmente fondomonetarista y retórico, afirma José Luis Medal, economista.

El PNDH fue presentado por el presidente Daniel Ortega semanas atrás a los cooperantes, pero en un ambiente de poco respeto a los donantes, de mucha descortesía, en donde hubo “diálogo cero” sobre las propuestas oficiales, confirmó una importante fuente diplomática a END.


Hegemonía sin consenso es dictadura
El investigador y miembro de la Red por la Democracia y el Desarrollo Local, Silvio Prado, calificó de “altamente retórico” y “hegemónico” el Modelo de Desarrollo del Poder Ciudadano del PNDH.

“Está (el Modelo de Desarrollo del Poder Ciudadano) lleno de frases retóricas que no concretan. Es un documento doctrinario con disgresiones sobre lo que se quiere hacer”, expresó Prado. “Todo modelo que plantea instaurar un poder hegemónico con un consenso mínimo es igual a dictadura”, advirtió Prado.

Además, señaló que llama la atención que se “tome” como fundamento al ser humano y no al ciudadano, pues asegura que es este último el que implica el reconocimiento de los derechos y de las libertades de las personas.

Prado resaltó la falta de consenso alrededor del PNDH. “No se ha negociado con la fuerza de la sociedad, y recordemos que todo modelo impuesto desde arriba, fracasa”, resaltó.


Repetición de los CPC
Prado también destacó que este nuevo Modelo de Desarrollo del Poder Ciudadano es una repetición de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como instancia única de incidencia, los cuales --cabe señalar—- son un proyecto personal de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“¿Quiere decir que si no soy afiliado de los CPC no tengo incidencia en la sociedad?”, se cuestionó Prado, y ejemplificó el caso con la hipotética situación de que el Comité de Agua Potable y Saneamiento no tenga ninguna incidencia por no pertenecer a los CPC.

“Los comités de Agua Potable y Saneamiento son más o menos el total de la población de Managua, imaginate qué va a pasar con toda esa gente”, subrayó.

Según Prado, el PNDH debe ser sintetizado para quitarle todo el “palabrerío”, y consensuado con la sociedad.


Falta claridad en Usura y Hambre Cero
Otro aspecto del PNDH es la formulación de los programas Hambre y Usura Cero, que tienen la cualidad de priorizar a las mujeres. Pero hay muchas dudas acerca de los criterios de selección de las beneficiarias, el seguimiento a estos programas y la claridad con que son ejecutados, expresó Claudia García Rocha, especialista en transparencia presupuestaria del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp.

Estos programas, explicó García, son viables para favorecer a los pobres, pero no necesariamente para resolver la pobreza extrema. En el caso de Hambre Cero, los criterios de selección para las mujeres beneficiadas, son: 1) necesidad: son pobres; 2) capacidad: tienen tierra o espacio para ubicar a los animales y sembrar, y tienen agua; 3) compromiso: anuentes a recibir talleres y comprometidas en asistir y seguir las orientaciones.

Sin embargo, “el segundo criterio excluye a las personas o familias en extrema pobreza de las zonas rurales, que muchas veces si tienen tierra, no tienen agua”.

Conforme al PNDH, el Programa Hambre Cero contempla tres ejes: nutrición materno-infantil, alimentación de niños en edad escolar y reactivación del sector productivo, sin embargo, al momento de seleccionar a las beneficiarias en el territorio, quienes lo hacen “no están priorizando a mujeres con niños pequeños en edad escolar, o mujeres embarazadas, mujeres en edad reproductiva”.

“Muchas veces se beneficia a mujeres que ya pasan de los 60 años y sin hijos en edad escolar. El punto es, todas tienen necesidad, pero se debería priorizar a quienes están en extrema pobreza y mujeres con niños pequeños, esto le daría coherencia al programa”, sugirió García.

Otro punto, indicó la especialista, “es que por más que el gobierno diga que no, ha sido difícil que no pese la militancia política a la hora de seleccionar a las mujeres”.

El plan tampoco cuenta con una línea base que permita “la evaluación del impacto real, y al no aparecer el programa en el Sistema de Inversión Pública, ni en 2007 ni en este año, se dificulta darle seguimiento tanto al gasto como a la situación o avances de tan importante proyecto”.

Fortalecer seguimiento
“Se debe fortalecer el seguimiento técnico por parte del Magfor. No basta con entregar el Bono Productivo, se debe dar un seguimiento constante que garantice que las condiciones de los animales entregados sean las adecuadas. Hay lugares donde la asistencia es más continua, pero en otros zonas no”, puntualizó.

En el caso del Programa Usura Cero, García Rocha advierte que una de las principales debilidades de este programa ha sido que “los montos otorgados a las mujeres no siempre son utilizados para invertir en pequeños negocios. Sucede que los montos son pequeños y las necesidades grandes. Muchas mujeres gastan el dinero en pagar deudas y no en montar un negocio”. García recalcó la importancia de una línea de base para medir el impacto real de ambos programas.


El mismo modelo del FMI y libre mercado
El economista José Luis Medal consideró que “aunque nunca se admitiría --ya que existe la intencionalidad política de hablar de un ‘nuevo modelo’- (el PNDH), se trata en esencia del mismo criticado modelo fondomonetarista neoliberal, adornado con fraseología política”.

Medal señaló que “es un documento muy general, que no es específico ni concreto en las estrategias, políticas y acciones requeridas --aparte de conservar los elementos esenciales del neoliberalismo, como son la estabilidad macroeconómica, la apertura externa y, hasta cierto grado, el predominio del mercado--, aunque sobre esto último se diga lo contrario”.

“Las políticas monetarias, fiscales, cambiarias y crediticias que se mencionan o proponen, son en esencia las mismas del modelo fondomonetarista. En lo que se pretende introducir un supuesto cambio, es cuando se habla de precios justos y de comercio justo, y en esto se cae en una total imprecisión conceptual, lo que da lugar a ambigüedades y a eventuales riesgos de futuras intervenciones en el sistema de mercado, las que usualmente causan más mal que bien”, añadió.


¿Y las fallas del Estado?
Por otra parte, un grave error del documento, “es que si bien habla de las ‘fallas del mercado y del neoliberalismo’, no hace ninguna mención de las graves fallas del Estado, y de los serios costos económicos de muchas formas de intervención estatal. Sobre esto último, pareciera como que la experiencia histórica de los años 80 no existiera”, alertó Medal.

El énfasis en lo social que contiene el documento no es nada nuevo, y fue introducido desde hace años por los organismos internacionales, a través de las denominadas “Estrategias reforzadas de crecimiento económico y combate a la pobreza”, agregó el economista.

“El problema no está en la receta, está en la eficacia en la administración de los recursos públicos. Sobre esto último, el actual gobierno no ha podido siquiera implementar de manera eficiente el Programa de Inversión Pública”, dijo Medal.

En el documento se habla de reducir la dependencia de la cooperación externa, pero “en la realidad se está acentuando la dependencia de los recursos de un nuevo cooperante, Venezuela”.

El documento, por otra parte, pretende introducir un nuevo modelo político a través de los denominados Consejos de Participación Ciudadana, lo que tendría graves repercusiones institucionales, consideró Medal.