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Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, aseguraron ayer que si el presidente de la República, Daniel Ortega, quiere un sistema parlamentario, lo tendrá a partir del próximo 20 de enero, cuando se venza la prórroga de la Ley Marco y entren en vigencia las reformas constitucionales de 2005, refrendadas en 2006.

El jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, y el diputado y primer vicepresidente del partido, Wilfredo Navarro, coincidieron en que ya no tienen ningún interés en derogar la Ley Marco que mantiene suspensas las reformas constitucionales, mediante las cuales le restan facultades al Presidente de la República.

Rodríguez y Navarro recordaron que esas modificaciones a la Carta Magna le dan potestad a la Asamblea Nacional para ratificar a los ministros, viceministros, embajadores y demás funcionarios del Poder Ejecutivo, por lo que no tiene caso realizar nuevas reformas para instaurar un sistema parlamentario, mucho menos derogar la Ley Marco.

“Declaración de Montelimar”: No, pero sí
Los legisladores del PLC, con el apoyo verbal de la diputada de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Jamileth Bonilla, emitieron ayer la “Declaración de Montelimar”, en la que reiteran una vez más su rechazo a nuevas enmiendas a la Carta Magna con el fin de implantar un sistema parlamentarista.

Además, se opusieron a la reelección de Ortega y a una posible negociación para permitirles reelegirse como diputados a cambio de respaldar las reformas. Sin embargo, el documento suscrito deja abierta la posibilidad de realizar modificaciones constitucionales, pero hasta después de 2008, aunque éstas deben ser consultadas con la ciudadanía a través de un referendo.

“Los suscritos diputados del Partido Liberal Constitucionalista... no apoyamos ningún proyecto de reformas constitucionales en lo que resta del año 2007, ni en el año 2008, eminentemente electoral”, dice la declaración.

“Si hubiera alguna propuesta de reformas constitucionales después de las elecciones municipales de 2008, deberá ser llevada a consulta del pueblo de Nicaragua a través de un referendo de acuerdo con la Ley Electoral, previa a su entrada en vigencia”, señala la parte final de la declaración.