Jorge Eduardo Arellano
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El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, orientará mañana a los diputados de su bancada solicitar a través del Parlamento un informe oficial al presidente de la República, Daniel Ortega, sobre el traslado -—en una aeronave del Ejército-— de Ecuador a Nicaragua de dos mujeres acusadas de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para brindarles asilo humanitario.

Al canciller de la República, Samuel Santos; al jefe del Ejército, Omar Hallesleven; a la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, y al Director General de Migración y Extranjería, son los demás funcionarios a quienes pretenden solicitar un informe.

Con esta ordenanza, el PLC se retractó de la interpelación al Canciller de la República, tal como lo pretendían inicialmente. Conforme con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, antes de una interpelación de un funcionario, lo que cabe es la petición de un informe en torno al tema en cuestión.

Según una nota de persona del PLC, respecto a la solicitud de un informe al presidente Ortega y la posterior cita, es “para que comparezca ante el primer poder del Estado (Asamblea Nacional) y explique los desmanes y desaciertos de su política exterior”.

“Queremos saber de boca del presidente Ortega cuáles son las ganancias y los beneficios para el pueblo de Nicaragua que se derivan de las relaciones político-diplomáticas con las FARC”, se lee en la nota.


La mentira a Colombia
Además, piden explicación sobre “el uso de una aeronave del Ejercito,  por qué se le mintió al gobierno de Colombia para utilizar su espacio aéreo,  bajo qué tratados, leyes y argumentos se le ha otorgado asilo humanitario a tres miembros de las FARC, y el porqué de los votos de Nicaragua en la Organización de Naciones Unidas (ONU) a favor de los programas nucleares de dos países que amenazan la paz mundial, como son Corea del Norte e Irán”

En la nota de prensa, el PLC calificó el hecho como un “penoso incidente internacional ocurrido con la hermana república de Colombia”, y en alusión al alquiler que hizo el Ejército al gobierno para tal misión, “el PLC considera al Ejercito de Nicaragua una institución seria, profesional y apolítica”.