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El doctor Diego Valadez, especialista en sistemas políticos, piensa que el modelo presidencial tiene mejor capacidad de asimilar las reformas políticas parlamentarias, lo que le permite administrar de mejor manera el conflicto político, sumando a la oposición a la coalición de gobierno.

Valadez considera que recientes situaciones en Kenia y Pakistán, por ejemplo, han demostrado que los sistemas parlamentarios permiten un mayor margen de maniobra política para administrar conflictos políticos, que por su gravedad, pueden significar una ruptura constitucional.

Se trata de casos en los que el partido de gobierno ha perdido el consenso social, como ocurrió en Pakistán tras el asesinato de Benazir Bhutto, lo que le permitió a sus seguidores ganar las elecciones parlamentarias y replegar a Musharaf, tomando el control de la mayoría parlamentaria. Musharaf permaneció como presidente, pero el primer ministro pakistaní es del partido de la asesinada Bhutto.


Inusitado interés del PLC y FSLN
Durante la presentación del libro: “A 21 años de la Constitución Política: vigencias y desafíos”, editado por el Instituto de Estudios Jurídicos, INEJ, Valadez resaltó que al constituirse una nueva coalición de gobierno como producto de las elecciones parlamentarias, se le dio continuidad al sistema político, evitando una ruptura constitucional.

El libro del INEJ, dirigido por el diputado sandinista Edwin Castro y el magistrado liberal Sergio Cuarezma, plantea de nuevo el debate sobre nuestra Constitución, la vigencia de la misma y el interés de sectores del FSLN y el PLC por impulsar reformas políticas que lo conduzcan a un sistema más parlamentario.

Sin embargo, persisten los temores ciudadanos de que detrás de esta discusión académica, esté el interés de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial y reforzar el poder de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega.


La Constitución nicaragüense, que en sus inicios fue de carácter presidencialista, está cumpliendo 21 años. ¿Cuál es el balance que usted hace de esta Constitución?
Puedo decirle con la perspectiva de ver el proceso evolutivo nicaragüense desde el exterior, es muy claro cómo se va perfilando un cambio de un sistema presidencial a un sistema presidencial parlamentario. Este ejemplo que se está dando en Nicaragua es digno de ser observado y seguido, porque la mayor parte de nuestros sistemas constitucionales, en este caso hablo desde la experiencia mexicana, han permanecido estancados en un sistema presidencial muy rígido.

Se está dando una tendencia hacia una forma de estructura diferente de los sistemas presidenciales. Me interesa enormemente el caso de Nicaragua, Colombia, Perú, la reforma constitucional en Argentina, que todas van en esa misma dirección.


Puestos en la balanza, bis a bis, el presidencialismo versus el parlamentarismo, ¿qué ventajas y desventajas hay en cada sistema?
Yo creo que las diferencias entre el sistema presidencial y el sistema parlamentario se han venido diluyendo. En especial, porque los sistemas presidenciales han tendido a incorporar progresivamente el mayor número de instituciones procedentes de las constituciones parlamentarias.

Hoy no podemos hablar de sistemas presidenciales puros, con excepción de algunos que quedan conforme al modelo de Filadelfia, que es el sistema presidencial de Estados Unidos. Este modelo ha sufrido muchos cambios. En algunos casos se ha acentuado la naturaleza autoritaria del presidencialismo, en otros se ha atenuado. Pero la evolución en el sentido de incorporar instituciones parlamentarias en los sistemas presidenciales es muy clara, y por eso subrayo el ejemplo que está dando Nicaragua.


Usted defiende la tesis de los gobiernos de coalición, lo cual podemos entenderlo como un régimen semi parlamentario y semi presidencial. ¿Nos podría explicar más las características de este modelo?
El gobierno que pretenda la coalición, o en el que se estimula la coalición, tiene que estar basado necesariamente en instituciones parlamentarias. Lo importante es que se puede demostrar que el sistema presidencial, puede incorporar instituciones procedentes de los sistemas parlamentarios con mucha mayor flexibilidad de la que operan en los propios sistemas parlamentarios.

Por ejemplo, el hecho de que haya moción de censura en un sistema presidencial, no desestabiliza al sistema cuando se ejerce la censura por parte del Congreso, porque el presidente sigue siendo el jefe de Estado y en muchos casos el jefe de gobierno; hay casos en los que se está transitando para compartir el poder y diferenciar las figuras de jefes de Estado y jefes de gobierno.

Aún así, la estabilidad del Estado se conserva en tanto sigue habiendo una matriz presidencial: el jefe de Estado sigue siendo jefe de las fuerzas armadas, el representante de política exterior; de manera que no hay una afectación de la estabilidad del sistema por el hecho de que se incorporen diversas modalidades de control parlamentario en los sistemas presidenciales. Ésta es una especie de mestizaje de los grandes sistemas de organización política, que facilita la vida democrática a los países y propicia inclusive la cooperación entre los agentes políticos, que da a lugar a que se supere la tradición maniquea que hemos tenido en América Latina, y la propensión al ejercicio patrimonial del poder, al juego de suma cero, que se va superando mediante este mestizaje institucional.

Desde luego, esta escuela hace referencia al sistema francés, que tiene como antecedente al sistema finlandés. En Finlandia tienen un sistema de esas características desde el siglo XIX. Otro sistema muy parecido es el sistema portugués; desde 1976 es un sistema parlamentario. La mayor parte de las constituciones presidenciales de Europa del Este están construidas sobre este modelo; es el caso de la Federación Rusa, Ucrania, los sistemas presidenciales en África, Asia; tienden también a adoptar ese modelo. También es el caso de ustedes en Nicaragua, Perú y Argentina. En el caso de Colombia hay voto de confianza, moción de censura, comparecencia de los ministros. También se está moviendo en esa dirección, aunque es un sistema presidencial.


El magistrado Rafael Solís también expresaba sus simpatías hacia el sistema parlamentario en este libro. La ciudadanía, lo que se pregunta es que si esto no es la reedición de pactos políticos en la sombra, y el reforzamiento de una elite bipartidista que al repartirse el Estado, excluyen al resto de la ciudadanía y hacen el sistema político proclive a actos de corrupción.

Una es la posibilidad de acuerdos y otra la corrupción. Yo estoy convencido de que los acuerdos hay que fomentarlos, que hay que generar estímulos para que las dirigencias políticas de un país puedan concertar decisiones que favorezcan a la sociedad, que se puedan fortalecer políticas de Estado. El otro tema es el de la corrupción, que se combate no evitando los acuerdos; al contrario, priorizando los acuerdos, pero además, los instrumentos de control que son los Parlamentos o Congresos.

De manera que si se fortalece la capacidad de acuerdo y paralelamente la capacidad de control político por el Congreso o la Asamblea con relación al gobierno, se cuenta con un nivel muy elevado de garantías en cuanto a que la corrupción se hará más difícil.


Algo que sorprende en este debate, es que uno de sus impulsores fue el presidente Daniel Ortega, que gobernó durante su primera administración bajo un régimen presidencialista bastante fuerte. ¿Está realmente consciente Ortega que al ir a un parlamentarismo pierde cuotas de poder? ¿Cómo lo observa usted?
La única referencia que tengo es el prólogo del presidente Ortega, del libro editado por el INEJ, donde claramente se define a favor de un sistema presidencial parlamentario. Me parece que es una posición que coincide con una buena parte de la doctrina jurídica nicaragüense, y también de los dirigentes políticos en Nicaragua.


En su obra, gobiernos de coalición, usted propone integrar el gobierno con las fuerzas que hacen mayoría en el parlamento. ¿El modelo que se está discutiendo acá va encaminado a esa misma idea?
Necesariamente lleva hacia allá, porque si se requiere una mayoría en el Congreso que dé soporte a la integración del gobierno, a la ratificación de los ministros, es inevitable que ese gabinete esté integrado de una manera plural. Esto garantiza que haya programas compartidos y políticas públicas con apoyo significativo y mayoritario en el Congreso.

Cuando hay esto, quiere decir que habrá los presupuestos necesarios para apoyar esa política pública, y adicionalmente significa que esas políticas públicas tendrán continuidad, independientemente de quien ocupe la titularidad del poder, porque siempre se requerirá el acuerdo entre las fuerzas políticas dominantes. Esto estabiliza a los países y les da gobernabilidad democrática.


¿No debería promoverse una Ley General de Administración Pública para garantizar que haya un aparato profesional en el Estado, que le dé continuidad a estas políticas públicas?
Eso que usted señala es clave. Debe haber dos niveles de servicio civil institucionalizado: uno de carácter nacional y otro de carácter municipal. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Charles De Gaulle entró como primer ministro, en 1946, lo primero que planteó fue constituir la Escuela Nacional de Administración, porque señaló que no existe ningún Estado democrático contemporáneo que pueda estructurar su funcionamiento de manera adecuada, sino hay una preparación profesional para los integrantes de la administración.

Y hay que sustraer al sistema administrativo de los avatares de los sistemas políticos. Esto es: la titularidad de los cargos, y la dirección política sí debe quedar sujeta a lo que establezca en las urnas en cada caso la población; pero de ahí no se debe desprender que los partidos que ganen se adueñen de toda la infraestructura administrativa, porque entonces se convierte la infraestructura administrativa simplemente en un elemento adicional para las pugnas de los partidos, porque ya no se trata de una pugna de programas, sino de pugnas por acceder a posiciones que garanticen un estatus a quienes lo ocupan. Hay que distinguir entre las funciones de dirección política y las de operación administrativa, las que deben ser eminentemente profesionales.


A confesión de parte... reelección
A juicio de Diego Valadez, la Constitución nicaragüense se ha venido adecuando a las demandas democráticas de la sociedad nicaragüense.

“Hay un proceso de construcción institucional muy importante, para hacerlo democrático, estable y verdadero”, consideró Valadez.

A su consideración, el libro presentado por el INEJ, “A 21 años de la Constitución Política: vigencia y desafíos”, habla muy bien del pluralismo político debido a que expresa en él mismo distintos puntos de vista, entre los que se incluyen a juristas, diputados, magistrados, académicos, periodistas, jefes policiales y militares.

Una de las reformas constitucionales que quedó vigente, una vez perdió vigencia. La Ley Marco fue la obligatoriedad del presidente de la República de ratificar a sus ministros y viceministros con el aval de la Asamblea Nacional.

“La Constitución nicaragüense se ha parlamentarizado”, dijo el diputado Edwin Castro, mientras el magistrado Manuel Martínez, Presidente de la CSJ, afirmó que el futuro de esa Constitución “está en nuestras manos”.