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El “paro” legislativo lleva casi dos meses y le ha costado al país un poco más de 650 mil dólares en salario de 90 diputados, ello sin contar unos 67 millones de dólares en préstamos retrasados que la Asamblea Nacional debió aprobar durante el período de sesiones plenarias.

El artículo seis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, cita textualmente que “los días de sesiones plenarias de la Asamblea Nacional se realizarán los martes, miércoles y jueves, una semana de por medio; y las de las comisiones permanentes, los días martes, miércoles y jueves en las semanas en que no hay sesión plenaria”.

Con base en el seguimiento sistemático que realiza la organización Hagamos Democracia a la labor legislativa, desde el mes de abril hasta la fecha, la Asamblea Nacional debió sesionar nueve días en las semanas del primero al tres de abril; del 15 al 17 del mismo mes, y del seis al ocho de mayo.

La semana del 29 de abril al primero de mayo no hubo sesiones por ser feriado el Día Internacional de los Trabajadores.

Esta semana cero sesión

Los parlamentarios sesionaron oficialmente el pasado primero y 24 de abril, es decir dos de nueve sesiones, dejando pendientes siete.

A su regreso de Londres, Gran Bretaña, el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, descartó una convocatoria para reunión de la Junta Directiva en esta semana, por lo que tampoco habrá sesión del 20 al 22 de mayo. En total, se contabilizan 12 días sin sesión.

Navarro informó que el presidente del Parlamento, René Núñez, regresará de Taiwan a finales de esta semana y que espera la convocatoria a reunión para jueves o viernes, y definir la próxima agenda legislativa.

Las comisiones legislativas han laborado de manera esporádica, y la que más activa ha estado es la de Infraestructura y Servicios Públicos, le siguen la de Medioambiente y la de Mujer, Niñez, Juventud y Familia.

Las consecuencias

La última agenda base del Parlamento emitida el dos de abril por la Primera Secretaría, incluye tres préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, uno de los cuales es por 32 millones de dólares destinados a proyectos del sector energético; otro por 15 millones para financiar la segunda fase del programa de viviendas sociales; y el tercero por 20 millones de dólares para el programa de desarrollo de redes de salud.

En total suman 67 millones de dólares en préstamos aún no aprobados. A esto se suma un préstamo de 17 millones de dólares para el sector pesquero que, aunque no está incluido en la agenda base, está pendiente de aprobación por parte del Parlamento.

El préstamo reviste importancia considerando que el próximo primero de junio concluye la veda de pesca de langosta a nivel industrial, por lo que paralelo a la aprobación del crédito, los pescadores artesanales solicitaron una extensión de la prohibición.

De los 17 millones de dólares, cinco millones tienen como destino acondicionar al menos diez barcos de pesca artesanal de langosta de la Costa Caribe Norte, como parte del programa de atención de emergencia a los afectados por el huracán “Félix”.

El diputado del Frente Sandinista José Figueroa, señaló el fin de semana pasado que la prioridad de su partido será precisamente la aprobación de los préstamos “varados” en el Legislativo.

Dos de estos decretos de créditos fueron remitidos al Parlamento por el Ejecutivo en febrero y marzo del presente año; y uno, en diciembre del año pasado.