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Representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) consideran que la consolidación del bipartidismo en las próximas elecciones municipales es la amenaza que vuela sobre los partidos disidentes, lo que se deja ver con las acciones del Consejo Supremo Electoral, CSE, a seis meses de celebrarse la contienda electoral.

Sin embargo, el Procurador de Participación Ciudadana de la Procuraduría de Derechos Humanos señala que la culpa es principalmente de los partidos que no han llenado los requisitos.

Haciendo referencia a que las personerías jurídicas de dos partidos nacionales y dos regionales están a punto de eliminarse, Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, comenta que la estructuración del sistema bipartidista sigue siendo la aspiración de los grupos de poder más fuertes, quienes fraguan entre ellos un sistema que se consolide en esa dirección.

“Actualmente están creando las condiciones para que cualquier otro partido, si desea participar en elecciones a cargos en el gobierno, tenga que hacerlo en alianza con los partidos mayoritarios, llevándolos a la subordinación de la participación política”, afirmó.

Desmotiva a ciudadanos
Indicó que esto daña la participación ciudadana en elecciones y desmotiva a la población a ser parte de los comicios, lo cual es grave porque entonces la elección a cargos públicos estaría concentrada en una pequeña proporción de la población.

“Se está apostando a una mayor apatía de participación en una elección donde únicamente están presentes las dos fuerzas políticas ya reconocidas, que de alguna manera han acaparado los cargos en los diferentes poderes del Estado, dañando la institucionalidad del país y los alcances de una democracia efectiva, donde todos puedan participar y escoger a quienes consideran los más aptos”, comentó Solano.

Caso Yatama pesa sobre CSE
Recordó que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en atención a este tipo de riesgos cuando no están claras las regalas del juego electoral, ordenó al Estado de Nicaragua, a través de la sentencia en el caso de la exclusión del partido regional Yatama --cuando el CSE imposibilitó que participara en las elecciones de 2000—-, que dispusiera de mecanismos efectivos, seguros y ágiles que permitiesen la defensa del derecho de los partidos políticos.

La resolución se refería cuando las autoridades electorales pusieran en riesgo la personería jurídica de los afectados o cuando los descalificara para participar en una contienda electoral. También dictó la necesidad de reformas a la Ley Electoral para tal efecto, lo cual no se hizo. En el caso de los partidos regionales, se estableció que se debían respetar los usos y costumbres ancestrales, lo cual tampoco se cumplió.

Solano mencionó que la presentación de las juntas directivas municipales de cada partido político en el 80 por ciento de los 152 municipios, obviamente representa una dificultad no sólo en recursos económicos y humanos. “Hay que estar claros de que no todos los partidos políticos tienen adeptos en algunas zonas del país, excepto los dos partidos que tienen en su poder las estructuras del Estado y que les permite lograr esos objetivos. Por lo tanto la presentación de candidatos en un 80 por ciento de los municipios, constituye un obstáculo real para aquellos partidos minoritarios”, destacó.

“No cumplieron”

Por su parte, Sixto Ulloa, Procurador de Participación Ciudadana de la Procuraduría de Derechos Humanos, consideró que los partidos habían sido advertidos, sin embargo hasta este momento no habían cumplido con todo lo estipulado por la Ley Electoral.

“No se puede culpar únicamente al Consejo Supremo Electoral por esta situación. Debemos recordar que los partidos políticos deben estar en regla, y estas disposiciones están establecidas desde hace mucho”, afirmó.

Comentó que el gran problema de algunos partidos es que se meten a politiquerías y sostienen pugnas internas, en vez de vigilar su estado legal ante las autoridades correspondientes.