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Los cuestionamientos al sistema electoral nicaragüense no son una novedad, sin embargo, observadores internacionales consideran que “ningún sistema en América Latina es cien por ciento infalible”.

Precisamente, la desconfianza de los partidos políticos en los procesos electorales que ejecutan sus respectivos países originó la figura del observador electoral internacional.

En Nicaragua, la observación electoral internacional tuvo su origen en las elecciones de 1984, pero su máxima expresión se dio en los comicios generales de 1990, cuando los representantes de la entonces Unión Nacional Opositora, UNO, --que aglutinaba a todos los partidos opositores al gobierno del Frente Sandinista-- mostró su total desconfianza en el régimen imperante, particularmente por el control que ejercía en el aparato electoral.

Para el ex presidente de la Junta Central Electoral de República Dominicana, Salvador Ramos, no existe un país en América Latina donde no reine la desconfianza de los partidos políticos en su sistema electoral.

Ramos es miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Ceela, que la semana pasada firmó un convenio con el Consejo Supremo Electoral, CSE, para observar las elecciones municipales de noviembre próximo.

El Ceela participó como observador en las elecciones presidenciales de 2006 y más recientemente, el pasado 17 de mayo, en los comicios generales de República Dominicana, en los que resultó reelecto el presidente Leonel Fernández.

¿Cuál va a ser el trabajo que realizarán en estos comicios municipales?
Tenemos un estándar de observación. Observamos los límites de la ley (electoral). Es decir, que venimos a observar en función de la técnica, del proceso y de los elementos que se requieren para que un proceso sea exitoso. Nuestra misión es observar el proceso y luego hacer recomendaciones al sistema electoral para que sean tomadas en cuenta en futuros procesos electorales para fortalecerlos en función de la eficiencia de la democracia.

Si tuviese que hacer una comparación entre las elecciones generales de 2006 en Nicaragua y las recientes elecciones presidenciales de República Dominicana, ¿cuáles serían las diferencias y similitudes?
Son muchas las similitudes. En República Dominicana existe un padrón electoral con eficiencias y deficiencias, pero que funciona, porque ningún padrón electoral en el mundo tiene una eficiencia en un cien por ciento. Nicaragua tiene un padrón electoral que funciona.

Además, República Dominicana y Nicaragua tienen una cédula de identidad y la cantidad de colegios electorales que, de acuerdo con las características de cada país, se requieren para que el ciudadano ejerza el sufragio.

¿Hay diferencias?
Los dos países tienen un sistema de transmisión de datos que igualmente funciona. Pero este año, en República Dominicana implementamos el sistema de escáner para mejorar la transmisión de datos.

Éste es un modelo que, aunque un partido político protestó porque no lo quería, funcionó.

¿Cuál fue el problema? ¿Qué reclamaba ese partido respecto al sistema de escáner?
Entendían que el escáner podría llegar tarde o que la tecnología no iba a funcionar, pero en definitiva el sistema se implementó y funcionó.

¿Cuál era el objeto del escáner?
Con el escáner la transmisión de datos era más rápida, y ayudó a resolver los cuellos de botella, y ayudó, porque siempre la transmisión de resultados era tardía, con hasta dos o tres días de retraso. El escáner evitó eso de trasladar las actas físicamente y las grandes filas de personas entregando las actas; con el escáner se mandaban las actas directamente al centro de cómputos.

El partido político que se negaba a implementar el escaneo, entendió que el sistema viejo de llevar las actas con dos guardias (custodios) en valija sellada y llevarla con seguridad hasta el centro de cómputos era un método obsoleto.

La tecnología siempre va cambiando y siempre en los países donde se implementa crea desconfianza.

A propósito del tema, en lo que usted ha observado en Nicaragua, ¿existe el mismo nivel de desconfianza de los partidos políticos en República Dominicana hacia el sistema electoral?
Sí. República Dominicana y Nicaragua tienen muchas similitudes en torno a la desconfianza, y entiendo que en México es igual. Hablando con un amigo le decía que estos tres países enfrentan los más altos niveles de desconfianza electoral, y él me respondió que no, pues también existía en Ecuador.

Hay países que por su naturaleza, hay altos niveles de desconfianza, pero el caso de Chile es distinto, donde la gente no vota ni con boleta, sino que le ponen un pedazo de papel en blanco sobre la mesa y un bolígrafo, y en él escribes el nombre del candidato de preferencia. Un papel, sin boleta, sin color y sin símbolo y sin nombre, y ese sistema funciona perfectamente, porque el ciudadano chileno confía en ese proceso.

Pero eso no se podría hacer aquí.

Cuando los partidos políticos tienen confianza y la ciudadanía está educada en función de la democracia, el sistema electoral tiene fundamentalmente un valor importante. Pero en otros países, principalmente en República Dominicana, donde producto de ciertas circunstancias históricas --con mucha similitud, pero no con las mismas características de Nicaragua-- hay altos niveles de desconfianza en el sistema electoral.

¿A qué atribuyen esa desconfianza?
Es que eso se refleja más en el nivel de confrontación entre los partidos políticos.

¿Entonces la desconfianza no es tanto en el sistema electoral, sino en los partidos políticos?
Así es. A mayor confrontación ideológica de los partidos políticos, mayor desconfianza en el órgano electoral.

¿Esta desconfianza no está vinculada al hecho de que la mayoría de órganos electorales en América Latina están conformados por militantes de los partidos políticos?
Eso podría ser un elemento, pero no determinante, porque hay un elemento estándar para todos los sistemas electorales. Los órganos electorales pueden estar constituidos por una o dos corrientes políticas, pero una vez que alguien llega a ese órgano no puede disponer a favor de un partido u otro, porque está regulado y vigilado por el orden constitucional, la opinión pública, los partidos políticos y la sociedad civil.

En Nicaragua no ocurre así. El año pasado se dio un caso emblemático, como fue el hecho de que el Consejo Supremo Electoral, por una disposición administrativa, canceló el cargo a un diputado electo. Todo se tomó como una maniobra política de los partidos que dominan el órgano electoral.

No tengo conocimiento del caso. Ese es un asunto doméstico, por tanto yo no podría opinar sobre un asunto doméstico, y precisamente una de las técnicas del observador es no opinar sobre asuntos que generen conflicto o puedan generar confrontaciones internas en el país donde va a ejercer la labor de observación.

¿Qué aconsejaría a los países para reducir el nivel de desconfianza en los sistemas electorales?
Buscar un mayor consenso, concertar más con las fuerzas vivas, los partidos políticos y todos los actores que intervienen en el proceso electoral, de manera que la mayor cantidad de decisiones que se tomen sean consensuadas, para que todos los actores de la sociedad tengan un nivel de satisfacción que permita darle garantías al proceso electoral.

Cuando un proceso electoral no adquiere un cierto nivel de confianza, afecta la gobernabilidad del Estado. Así que el órgano electoral tiene que tratar de alcanzar el mayor nivel de concertación en sus decisiones.

¿Cómo lograr ese nivel de concertación y consenso, cuando dos partidos políticos controlan la institución electoral y los demás actores políticos no tienen ninguna participación?
Hay que llamar a las fuerzas comunitarias a que participen; no necesariamente tienen que tener un magistrado, un juez o un funcionario electoral, sino permitir la transparencia de la forma en que se manejan los asuntos electorales.


Reelección restringida
Algunos países de América Latina permiten la reelección presidencial de una manera restringida. El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, fue reelecto en el cargo el pasado 16 de mayo para un segundo período. Fernández obtuvo el 53 por ciento de los votos.

En Nicaragua no es bien vista la reelección, dado los antecedentes perniciosos para la democracia. ¿Cómo han manejado esta situación ustedes?
La reelección la tenemos condicionada a un segundo período. El presidente de República Dominicana puede optar por un segundo período, pero una vez que agota su segundo período, jamás puede volver a ser candidato a presidente de la República.

Cuando el presidente de la República en República Dominicana comienza su segundo período, inicia también una cuenta regresiva de su vida política.

¿Por qué la reelección?
Nosotros entendemos que la oportunidad que se le da a un gobierno de un segundo período es a fin de que pueda cumplir con su programa y su gestión; muchas personas consideran que cuatro años no son suficientes para cumplir con una función programática de gobierno.

La democracia es participación, legitimidad y legalidad, y si el pueblo decide darle la oportunidad, ese es el juego de la democracia.

¿Hubo algún cuestionamiento a la reelección del presidente Fernández?
Siempre existen cuestionamientos, más cuando desde el poder se ejerce la función de ejecutivo y de candidato, porque aparecerán, para algunos, excesos en cuanto a la administración de los recursos del Estado.

Los partidos políticos que están en la oposición siempre ven un manejo caprichoso y dudoso (de los recursos del Estado), pero no pasaron de eso, y en su gran mayoría los partidos aceptaron la legalidad de los resultados.

En Nicaragua, la reelección de diputados no tiene límites. ¿Ocurre lo mismo en República Dominicana?; ¿se ha convertido esta situación en un problema?
No tenemos limitante, sólo para el presidente de la República. Tenemos senadores y diputados (República Dominicana tiene un Poder Legislativo bicameral) que tienen más de 20 años. Yo soy del criterio de que la democracia es aceptación y legitimidad, quien debe determinar si es correcto o incorrecto de que un hombre continúe gobernando es el pueblo.

Si alguien se reelige una y otra vez con el voto legítimo, pulcro y democrático, significa que el pueblo está conforme y la conformidad da legitimidad y la legitimidad da legalidad. A nivel de diputados o alcaldes que viven en contacto directo con el pueblo.