Jorge Eduardo Arellano
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En una aparente trama se ha convertido la serie de decisiones tomadas por el Consejo Supremo Electoral, CSE, en particular la última, relacionada a la cancelación de la personalidad jurídica de dos partidos regionales y dos nacionales, avalada por el ex magistrado electoral y secretario de asuntos electorales del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Silvio Américo Calderón.

Según Calderón, el CSE está facultado por la Ley Electoral para, de manera oficiosa, revisar el cumplimiento de la legislación por parte de los partidos políticos, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso electoral en el que participan.

Pese a que según el calendario electoral, el período de impugnaciones ya caducó, Calderón considera legítimamente legal que el CSE revise la situación jurídica de los partidos, sobre todo, considerando que la Ley Electoral establece la participación en las elecciones con carácter obligatorio, so pena de que el partido que no participe, pierde automáticamente su personalidad jurídica.

“Si un partido político no cumplió con el 80 por ciento de las listas de candidatos, eso se entiende como una no participación”, expresó Calderón.


Las decisiones del CSE
Las decisiones del CSE iniciaron el año pasado con la cancelación de la diputación de Alejandro Bolaños Davis, sin estar facultado para ello; continuaron con la aprobación de un calendario ajustado para los partidos políticos que, además, no incluyó la observación electoral internacional, a menos que haya una invitación expresa de las autoridades electorales.

Luego fue la aprobación de un Código de Ética cuestionado por algunos organismos cívicos nacionales, por considerar que el CSE se extralimita en sus funciones al arrogarse el derecho de decidir cuándo y cómo se da un delito electoral.

Otra de las controversiales resoluciones o acuerdos fue el despojo de la representación legal del partido Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, a Eduardo Montealegre, reconociendo en el cargo a Eliseo Núñez Hernández, a quien se señala de haber pactado con el Frente Sandinista esa decisión.

La semana pasada, y a petición de Núñez Hernández, el CSE eliminó la co-representación legal de la alianza encabezada por el PLC, con lo que el Movimiento Vamos con Eduardo, particularmente Eduardo Montealegre, quedó sin ninguna posibilidad de hacer trámites o peticiones al Poder Electoral.

Con la postergación de las elecciones municipales en tres localidades de la región Caribe, el CSE obligó a los diputados del PLC y del FSLN a realizar un nuevo pacto que culmine con la posposición de la elección en los ocho municipios.

Los representantes de los partidos amenazados tienen hasta mañana para presentar los requisitos de ley para, no sólo continuar en el proceso electoral, sino también sobrevivir como partidos políticos.



Peligroso retroceso
Sobre el intento de despojo de la personalidad jurídica a cuatro partidos políticos, el director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, Mauricio Zúñiga, dijo que hay preocupación porque en un calendario electoral donde existen fechas y plazos perentorios, se esté regresando a un período que se supone superado en la campaña y las acciones de un proceso electoral, por tanto, el Consejo Supremo Electoral debería emitir resoluciones que garanticen la estabilidad en la oferta partidaria.


Contradictorio
Por otro lado, manifestó que en este asunto hay dos elementos bastante preocupantes, uno, el hecho de que esta acción es fuera del tiempo establecido por el calendario electoral, es decir, el CSE abrió un período en el cual solicitó información a los partidos, les avaló la inscripción de candidatos y la documentación legal, hizo la publicación definitiva de las candidaturas y distribuyó las casillas, en el lapso establecido para marzo-abril.

“Lo otro es que, según el calendario electoral, tocaría actualmente al Consejo Supremo Electoral notificar a todos los partidos políticos sobre si hay renuncia de candidatos o exista alguna omisión, para que las lleguen a subsanar ante esa autoridad”, indicó.


Eficiencia o trama
En este caso –-prosiguió--, más que amenazar con cancelar la personería jurídica, lo que debería hacer el CSE es llamar a subsanar algún tipo de omisión en la documentación, algo que sería raro porque la misma ya fue avalada y publicada, por lo tanto, no pueden estar demandando de forma retroactiva documentación que se supone ya está en manos de esa autoridad, porque se prestaría a una contradicción bastante sospechosa.

El director ejecutivo de Ipade subrayó que es muy importante que el CSE aclare sobre cuáles son los elementos que vienen a perturbar el calendario electoral, de lo contrario se transmite la imagen de que se pretende eliminar a los competidores.