Ary Pantoja
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Los primeros siete artículos de la Ley de Protección a Refugiados fueron aprobados ayer por los diputados ante la Asamblea Nacional, hecho que trajo a colación la situación de las dos jóvenes colombianas “asiladas” en Nicaragua por el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Los diputados de la oposición alegaron que Martha Pérez Gutiérrez y Doris Torres Bohórquez --quienes enfrentan un juicio y una orden de captura en Quito, Ecuador, acusadas de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC--, no podrían gozar del beneficio de refugiadas por militar a un grupo calificado como “terrorista”.

La diputada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, María Dolores Alemán, expresó que, al amparo del artículo 5 de la nueva ley, ambas ciudadanas colombianas deberían ser expulsadas del país y el gobierno no debería ni siquiera considerar el asilo político, mucho menos el estatus de refugiadas.

El artículo 5 establece las “exclusiones de la condición de refugiados”, es decir, que “las disposiciones de esta ley no serán aplicadas respecto de la cual existan motivos fundados para considerar: a) que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto a tales delitos”.

Además el literal b) señala que tampoco serán beneficiadas con esta ley la persona “que ha cometido un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como refugiada”.


Suspende sesiones
Después de aprobar el primer capítulo que comprende los siete primeros artículos de la ley, los diputados suspendieron la discusión y pasaron rápidamente a realizar la sesión especial en ocasión del Día de la Madre.

Posteriormente, debieron suspender la sesión por la emergencia en el Occidente del país provocada por el paso de la tormenta “Alma”. Además, los trabajos de las comisiones se suspendieron por la tarde, sobre todo, el de la Comisión Económica, que tenía previsto recibir al asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, y al ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli.