Jorge Eduardo Arellano
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La alianza Partido Conservador, PC, denunció ayer una “traición a la democracia, al pluralismo político y al comportamiento ético” por parte del líder del movimiento Vamos con Eduardo, Eduardo Montealegre, según un comunicado dado a conocer por esta agrupación política.

La alianza PC hizo alusión al hecho de que el pasado 25 de mayo el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, responsabilizó al movimiento VCE de la decisión de solicitar la cancelación de la personalidad jurídica del PC ante el Consejo Supremo Electoral, CSE, por medio del representante legal de la Alianza PLC, Wilfredo Navarro.

“Cómplices”

“El silencio los convierte en cómplices de esta nueva patraña del pacto”, señalan en el comunicado, haciendo referencia a que diez días después de tal acusación “no hemos recibido ninguna comunicación de parte del movimiento VCE” para rechazarla o reclamar al respecto.

Según la candidata a vicealcaldesa de Managua por este partido, Azalia Avilés, “la propuesta (a Montealegre) era que se iba a ir sacando gente del PLC y que todos nos fuéramos en una casilla alterna, pero Eduardo lo que hizo fue irse al PLC y no contempló nunca la posibilidad de que fuéramos en una casilla alterna”.

“Nos sentimos defraudados, traicionados, desilusionados y molestos por esa traición”, manifestó Alejandro Bolaños Davis, directivo del PC.

Llamado al CSE
En cuanto al argumento que ha utilizado el CSE para anunciar una posible cancelación de la personalidad jurídica al PC, la candidata a vicealcaldesa de Managua por este partido, Azalia Avilés, hizo un llamado al presidente magistrado de este Poder del Estado, Roberto Rivas, para que “hagan revisiones en base a la ley y no en base a cuentos”.

“Que cuenten el número de candidatos (del PC) que aparecen en la lista definitiva (de los candidatos inscritos)”, apuntó Avilés, ya que según el CSE, el proceso de cancelación de la personalidad jurídica de este partido político se inició porque no inscribió el 80 por ciento de candidaturas a nivel nacional, lo cual es el mínimo establecido por la Ley Electoral para participar en elecciones municipales.