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Diputados del Frente Sandinista, FSLN, y del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, negociaron un combo de leyes. Por un lado, los liberales respaldaron la aprobación de la Ley Antifraude Energético, mientras que los sandinistas apoyaron en lo general la Ley de Transparencia, que pretende establecer controles sobre el dinero de la cooperación extranjera que reciben las instituciones y empresas estatales y mixtas, es decir, aquellas en las que el Estado tiene una participación accionaria.

De la Ley para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio Público de Energía o Ley Antifraude, los liberales lograron suprimir todas las acciones y sanciones penales en contra de los usuarios, cuya sustracción ilegal de ener-
gía les sea comprobada conforme con el procedimiento
establecido en la nueva legislación.

Además, establecieron la obligación de la empresa distribuidora de energía, Unión Fenosa, de indemnizar a los usuarios cuando, producto del mal servicio, resultaren personas lesionadas, muertas o con daños a la propiedad del cliente. De acuerdo con la ley, Unión Fenosa también devolverá cuatro veces el valor del daño, así como el doble de del dinero cuando resulte un cobro indebido al usuario.

Las sanciones

En caso de fraude energético, la pena se aplicará conforme a lo establecido en el Código Penal recién aprobado, el cual establece una multa pecuniaria correspondiente a tres veces el salario mínimo del sector industrial para quienes cometan el ilícito.

La ley antifraude también deja claro que la empresa distribuidora de energía no podrá “bajo ninguna circunstancias” suspender el servicio al usuario mientras no se agote el procedimiento administrativo; tampoco podrá suspender la energía en una zona determinada como medida de “castigo” para quienes no paguen sus recibos, afectando a los demás usuarios que sí pagan por el servicio.

Una disposición especial señala que en el caso de los medios de comunicación radiales, si se comprueba el fraude energético, se les aplicará una tarifa especial como sanción pecuniaria; los hospitales, pozos de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, así como otras instituciones de servicio de primera necesidad no podrán sur sujetos de cortes.

Una de cal...

A cambio, los sandinistas apoyaron la aprobación, en lo general, de la Ley de Transparencia, una iniciativa de los liberales para controlar las donaciones y dinero proveniente de los convenios de cooperación con países amigos, particularmente, el convenio petrolero con Venezuela.

No obstante, el diputado del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Víctor Hugo Tinoco, fustigó ambas leyes. Respecto a la Ley Antifraude señaló que está dirigida a castigar a los ciudadanos más pobres del país y que se ven obligados a “pegarse” ilegalmente al tendido eléctrico.

Referente a la Ley de Transparencia, señaló que “se trata de una pañuelazo perfumado” del presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Francisco Aguirre. Según Tinoco, “la ley es muy suave”, respecto a los controles que deberían obligar al gobierno a hacer transparente los fondos de la cooperación incorporándolos al presupuesto general de la República.

PLC retrocedió

Para Tinoco, el dictamen original que firmó establecía que la Asamblea Nacional se encargaría de nombrar a las autoridades de la empresa petrolera nicaragüense Petronic, como una forma de evitar que el gobierno, a través de las autoridades de Petronic, hiciera lo que quisiera con el dinero de la cooperación. Según Tinoco, esa disposición ya no está en el dictamen de la ley.

Aguirre, por su parte, respondió que la ley puede no ser perfecta, pero que será mejor a que no exista una legislación de esta naturaleza. Recordó a Tinoco que la ley va más allá de Petronic, pues incluye a otras instituciones gubernamentales como el mismo Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, el cual ha sido utilizado como “caja chica” de gobiernos anteriores, y como banco de préstamo por el actual gobierno.