Jorge Eduardo Arellano
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El presidente Daniel Ortega reiteró las intenciones del gobierno de recuperar el Hotel Barceló Montelimar, que tiene una deuda con el Estado por más de un millón de dólares. “Dice la ley que si vencido el plazo no pagaban, lo perdían”, aseguró el mandatario, quien orientó a la Procuraduría General de la República realizar un secuestro preventivo al hotel.

En una reunión con el Gabinete de Gobierno, Ortega dijo que indicó a los funcionarios que “fueran estudiando (la posibilidad) de que Montelimar regrese al Estado nicaragüense si esta gente (el Grupo Barceló) se empeña en no pagar”.

A mediados de mayo el procurador general, Hernán Estrada, solicitó el secuestro preventivo de las instalaciones del centro turístico aduciendo que el Estado dejó de percibir muchos recursos por la deuda.

Entonces, el procurador Estrada dijo que el precio por el que Barceló adquirió el hotel, que está dotado de una pista aérea, “era ridículo y provoca rabia”. Fue 1993 que este grupo español compró el hotel, construido durante la Revolución Popular Sandinista.

“Una empresa española compró, entre comillas, el Hotel Montelimar, construido por el gobierno, en la Revolución; se construyó en plena guerra, así como también se remodelaron los centros de esparcimiento de los nicaragüenses”, expresó el mandatario.


Barceló niega
El representante legal de Barceló Montelimar, Tomás Delaney, ha asegurado que la empresa no tiene ninguna deuda con el Estado. En un informe que la Procuraduría presentó en la Asamblea Nacional, esta instancia afirmó que “el Hotel Montelimar (Auxiliar S.A.), con ánimo de no pagar y quedarse con un complejo turístico valorado en 30 millones de dólares, construyó noventa habitaciones más de las 202 existentes, con lo que el cálculo de medición porcentual de ocupación del hotel tergiversa el informe de la firma supervisora (contratada por ellos), ocultándole a las autoridades nicaragüenses la realidad sobre la que se pactó”.

En la disputa legal también entró el gobierno de España. Su embajador en Nicaragua, Antonio Pérez Hernández, considera que los argumentos de la empresa son impecables y confía en que “este malentendido se aclarará pronto”. “Nos preocupa que se actúe contra una empresa española, que por otro lado es una empresa implantada en otros países con mucho éxito”, dijo Pérez.