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El fallo que dictó en el año 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en contra del Estado de Nicaragua por inhibir a Yatama de participar en las elecciones regionales de 2001, es un precedente a favor del Movimiento Renovador Sandinista, MRS.

En su parte medular, el fallo manda al Estado a reformar la Ley Electoral, pues “el Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas legislativas necesarias para establecer un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita controlar las decisiones del Consejo Supremo Electoral que afecten derechos humanos, tales como los derechos políticos, con observancia de las garantías legales y convencionales respectivas, y derogar las normas que impidan la interposición de ese recurso”, establece parte de la sentencia.


CSE no paró en sus acciones
Tres años después ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo han emprendido una reforma a dicha ley, a pesar de que el año pasado el Consejo Supremo Electoral, CSE, emitió una resolución con la que despojó de su diputación a un legislador, sin que estuviesen específicos los méritos y atribuciones del CSE, como tampoco estuvieron claras las atribuciones de este Poder del Estado para postergar, vía resolución, las elecciones municipales en tres departamentos.

Al Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y al Partido Conservador, PC, el CSE les canceló la personería jurídica aduciendo, en el primer caso, que no cumplió con los estatutos internos, entre ellos cambios de estructuras, y en el segundo, por no cumplir con el 80 por ciento de inscripciones de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales.

El MRS presentó un recurso de amparo en el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, y luego recurrirá ante la CIDH. Cabe destacar que el Estado, desde la administración de Enrique Bolaños, se ha negado a cumplir toda la sentencia que emitió esta entidad en el caso de Yatama.


La historia
Luego de que el CSE inhibió al partido indígena Yatama, ahora aliado del gobierno, de participar en las elecciones regionales de la Costa Caribe en 2001, éste demandó al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que en 2005 falló a su favor.

La CIDH mandó también a reformar la Ley Electoral, “de manera que regule con claridad las consecuencias del incumplimiento de los requisitos de participación electoral, los procedimientos que debe observar el Consejo Supremo Electoral al determinar tal incumplimiento y las decisiones fundamentadas que al respecto debe tomar, así como la participación de la persona misma que se ve afectada por una decisión del Estado”.

La condena de la CIDH incluyó el pago de 80,000 dólares a Yatama en indemnización por supuestos daños materiales, más 15,000 dólares en concepto de costas del juicio.

“Esperamos que haya una reposición por los daños que hemos sufrido por la arbitrariedad del Gobierno de Nicaragua, bajo la administración de Arnoldo Alemán y con Roberto Rivas a la cabeza en el CSE”, declaró entonces uno de los líderes de Yatama, Brooklyn Rivera.


No sólo Yatama
En 2003 Pedro Solórzano fue inhibido de participar como candidato a alcalde de Managua porque el Instituto de Estudios Territoriales, Ineter, durante el gobierno de Arnoldo Alemán, dividió el municipio de Managua en dos zonas, dejando a Solórzano en El Crucero, al otro lado de la raya.

Al político liberal José Antonio Alvarado lo inhibieron de participar como candidato a vicepresidente por el Partido Conservador durante el gobierno de Arnoldo Alemán porque supuestamente tiene nacionalidad estadounidense.