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El Instituto para el Desarrollo Local y la Democracia, Ipade, sostuvo ayer que los argumentos utilizados por el Consejo Supremo Electoral, CSE, para cancelar las personerías jurídicas al MRS y al PC no tienen bases jurídicas ni legales, sino que es una decisión eminentemente política destinada a eliminar la competencia electoral.

Según el Ipade, esa decisión del CSE compromete la institucionalidad y la gobernabilidad del país, y en el ámbito internacional tendrá efectos impredecibles, a propósito de la carta que el grupo de países de apoyo presupuestario envió a Ortega, “hecho que tiende a ser indicador de gobernabilidad democrática”, expresa.

El director ejecutivo del Ipade, Mauricio Zúñiga, comentó que la posición de su organismo es que en Nicaragua existe un sistema electoral muy frágil, lo cual obliga a promover, estimular y salvaguardar el pluralismo político como mandato constitucional.

Argumentos frágiles
“La decisión que se ha tomado es evidentemente política, los argumentos del Consejo Supremo Electoral son sumamente frágiles y la decisión es totalmente extemporánea. Si se diseña un proceso electoral debe haber etapas, reglas del juego que se deben respetar”, añadió.

Recordó que el tribunal electoral abrió un período para que los partidos políticos se inscribieran, después revisó la información que le entregaron para que luego la Dirección de Partido Políticos los avalara e inscribiera.

Posteriormente, se solicitó el listado de candidatos, se recibieron las listas, las revisaron, se abrió el período de impugnación, nadie impugnó, se publicaron oficialmente todos los listados de candidatos, y pasada la etapa de inscripción de estas listas, los llamó para asignarles casillas, lo que significa, desde el punto de vista de la jurisprudencia electoral, que existe un efecto positivo, se quemaron las etapas y sus efectos son in cresciendo, a posteriori, de futuro, y estas reglas del juego sumaron capacidades.

Zúñiga estima que lo más grave es que este tipo de decisiones en lugar de promover la salvaguarda de los derechos, lesiona el sistema democrático de Nicaragua y la credibilidad del juego democrático; le asesta un golpe a la misma credibilidad y transparencia del CSE, además, afecta el fundamento constitucional del pluralismo político efectivo.