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De deshonrosa y vergonzosa para el país fue calificada la reciente elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, por parte de la Organización Permanente de la Sociedad Civil por la Justicia en Nicaragua.

“Condenamos y rechazamos los recientes nombramientos de los magistrados de la CSJ, por considerar que este hecho se constituye como una burla para el pueblo nicaragüense y la democracia”, indicó Marcos Carmona, uno de los representantes de la organización por la justicia compuesta por Hagamos Democracia, Juventud por la Democracia en Nicaragua, Movimiento por Nicaragua, Comisión Permanente de Derechos Humanos y el Grupo Pro-Justicia.

De igual modo, condenaron “la actitud de los señores diputados por el hecho de invisibilizar las consideraciones, aportes y criterios de las organizaciones de la sociedad civil y del pueblo nicaragüense, ya que los mismos no fueron tomados en cuenta en el proceso del nombramiento mencionado”.

En conferencia de prensa dejaron claro que decisiones como éstas violentan la Constitución Política en su artículo 138, inciso siete, según el cual la Asamblea Nacional debe elegir a los magistrados de la CSJ de listas separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente y los diputados, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes.

Carmona señaló que nuevamente están sentando graves precedentes respecto a la seguridad jurídica de la ciudadanía, ante los poderes políticos y partidarios que dominan las instituciones del Estado, dejándonos en completo estado de indefensión.


“Proceso amañado”

Para Carmona, “nadie puede negar que la selección y el nombramiento fueron un proceso amañado, para secuestrar la institucionalidad del país y reducirla no más que a un instrumento político que manipule las leyes a su gusto y antojo”.

La organización civil por la justicia asegura que tendrá en permanente vigilancia las acciones de los magistrados, y denunciará internacionalmente cada violación a los derechos de la población asistida por las leyes establecidas.

“Hacemos un llamado a los políticos a que recapaciten, y a los magistrados les recomendamos que dejen de ser cómplices de la manipulación de los derechos y de la destrucción de la democracia”, dijo Carmona.

Por su lado, el director ejecutivo de Hagamos Democracia, Yáder Loza, en nombre de estas agrupaciones, dijo que la reelección de estos funcionarios es perjudicial para la democracia en Nicaragua, porque en su ejercicio profesional demuestran que sus funciones jurisdiccionales sólo sirven de instrumentos políticos y apañadores de la violación al Estado de Derecho, la institucionalidad y la legalidad.

Además –-continuó Loza-- se está sentando un grave precedente respecto de la seguridad jurídica de los nicaragüenses ante los poderes políticos y partidarios que dominan las instituciones del Estado, dejándolos en un total estado de indefensión, instaurando de esta forma una sombra de inestabilidad institucional e irregularidad que no aporta ni a la democracia ni a la buena marcha de los asuntos económicos, sociales y políticos del país.