Sergio Aguirre
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La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local expuso ante miembros de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional una serie de vacíos y debilidades que contiene el anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, relacionados con temas como la descentralización, la situación de los pueblos indígenas y la coordinación que debe haber entre diferentes niveles, así como los de orden interinstitucional.

Entre los vacíos y debilidades apuntan que está expresada con un enfoque comprensible sólo para un público especializado en el tema y de difícil interpretación para la ciudadanía en general, considerando que el Ordenamiento Territorial (OT) es una responsabilidad de toda la sociedad.

Al respecto, la Red señala que la incorrecta comprensión de las finalidades de este anteproyecto no ayudará a la aceptación general de las normas por parte de todos los actores institucionales y sociales involucrados a los diferentes niveles, ya que esta parte de la propuesta está centrada en la justificación del marco administrativo e institucional y no plantea como fundamento sustantivo las situaciones del país relativas al territorio y su desarrollo, a las que la práctica del OT contribuiría si existiera una ley.

Sobre el tema de la descentralización, la iniciativa de ley incorpora factores de mayor centralización que lesionan la autonomía municipal, puesto que conlleva elementos de centralización sobre aspectos sectoriales del desarrollo, tales como áreas protegidas, desarrollo forestal y turístico, además asigna importancia a las instituciones centrales sobre las propuestas locales de ordenamiento territorial.

Métodos inconsistentes
Asimismo, indican que las zonas bajo régimen especial, planificadas y administradas directamente por funcionarios nombrados desde el Ejecutivo, son una clara afectación al principio de autonomía municipal. Se confunde la calificación de atención especial con la definición o creación de una nueva entidad territorial frente a la que ya existen con sustento constitucional. Además, los procedimientos señalados son metodológicamente inconsistentes.

Añade que la multiplicación de “instancias” territoriales en el Proyecto de Ley, como áreas protegidas, áreas forestales, áreas especiales, las zonas de planeamiento turístico, dejan en un segundo plano cada una de las divisiones de las instancias jurídico-administrativas en las que se organiza el país y tienen una representatividad democráticamente electa.

También la Red hace señalamientos en cuanto a que no hay una definición de la coordinación entre los diferentes niveles, así como de orden interinstitucional, dado que no se usan fórmulas claras y definidas para articular y compatibilizar las decisiones locales con las directrices de nivel superior.