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El gobierno ha creado una enorme confusión sobre el caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, advierte el economista independiente Adolfo Acevedo, miembro de la Coordinadora Civil.

“Por un lado, la Procuraduría, que actúa en representación del gobierno, la Fiscalía y la Contraloría, han conformado una Comisión Interinstitucional que parte de presuponer que todo lo actuado fue ilegal y que en el proceso se cometieron graves irregularidades y actos fraudulentos”, explica el economista.

El presidente Daniel Ortega respalda la persecución penal del caso por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Pero al mismo tiempo, resalta Acevedo, el mandatario “orienta una renegociación de una deuda que él mismo dice que es ilegal y que la emisión de los Cenis constituyó un hecho delictivo”.

“Si la emisión de los Cenis fue un hecho ilegal, un hecho delictivo, entonces hay que resolver el problema legal, porque si no el Presidente mismo está incurriendo en un hecho ilegal y delictivo, al orientar que esta deuda, que él dice que es ilegal, se maneje como que es una deuda legal y legítima”, asevera el especialista.

Cuando el Consejo Directivo del Banco Central decidió emitir Cenis para cubrir la brecha entre los activos y pasivos de los bancos liquidados, incurrió en un acto ilegal, reitera Acevedo.

Al ordenar la emisión de los Cenis, ¿Noel Ramírez usurpó funciones que no le competían?
El Consejo Directivo del Banco Central. Hay responsabilidades que individualmente le competen al doctor Ramírez. Pero esa decisión la adoptó el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, de la misma manera que la actual renegociación sólo puede ser autorizada por el Consejo Directivo del Banco Central.

O sea, que, ¿lo que ha renegociado el presidente del Banco Central, Antenor Rosales –-con el Banpro y el Bancentro--, es ilegal?
Lo que es irregular es el hecho de que la Asamblea Nacional apruebe una reforma presupuestaria sobre la base de una negociación que no ha sido aprobada por el Consejo Directivo del Banco Central.

Cuando quebraron los bancos, ¿el Estado estaba en la obligación de respaldar esa brecha entre los depositantes?
El Estado tenía que intervenir, pero siguiendo las vías legales y buscando la manera en que el costo para el erario fuera mínimo.

¿La Ley obligaba al Estado a respaldar a los depositantes?
No. Sin embargo, frente a crisis bancarias existen distintas opciones de intervención. Aquí se ha hecho creer que no había más opción que la de emitir los Cenis, que fue la más onerosa. Aquí se estableció como única opción liquidar los bancos, la más costosa, porque el Estado se ve obligado a asumir por la totalidad de los depósitos del público. Hubo otras irregularidades: en ninguna parte se respalda el cien por ciento de los depósitos. Se respaldan los depósitos de toda la vida de los pequeños ahorrantes, pero no a los inversionistas financieros.

¿Cómo entender que la Fiscalía de la República esté acusando y el presidente del Banco Central esté negociando el caso de los Cenis?
Hay un equipo interinstitucional, y tanto la Fiscalía como la Procuraduría han hecho suya las conclusiones de la Contraloría, de que la emisión de todos los Cenis fue ilegal. ¿Por qué la Contraloría no se pronuncia en función de su responsabilidad preventiva y le dice al Presidente de la República que va por el mismo camino que fueron el presidente anterior y el Consejo Directivo del Banco Central anterior, que cometió el hecho delictivo de renegociar una deuda ilegal? Esa es textualmente la responsabilidad que se le achaca al anterior Consejo Directivo.

¿No se expone el presidente del BCN, Antenor Rosales, a un posterior enjuiciamiento?
Va a depender de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Además, si yo controlo el Poder Judicial y otras instituciones, yo hago lo que estimo pertinente y después todo puede ser legalizado. Ese es el problema de este tipo de manejo de la situación.

A pesar de la ilegalidad y hechos fraudulentos, ¿hay un trasfondo de persecución política en esta acusación de la Fiscalía?
Aquí es el Estado el que está actuando. Por un lado hay una campaña diciendo que Eduardo Montealegre es el responsable. Cualquiera que le ha dedicado un día a investigar esto, sabe que no es cierto que sea el único responsable. Y si van a establecer esa responsabilidad, debe establecerse para todos los responsables, sin ninguna excepción, por el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. En el escenario que te estoy planteando, con un fallo de la CSJ diciendo que la deuda es legal, se podría caer la mayoría de responsabilidades y sólo quedar dos o más personas por el manejo que se le ha dado al caso. Efectivamente, el control político de las instituciones a uno lo hace pensar que estas instituciones a última hora responden a necesidades e intereses políticos.

Si no se hizo auditoría, ¿tiene los elementos probatorios la Fiscalía?
Hubo tres tipos de actos ilegales. El primero es evidente. Cualquier análisis jurídico serio, como ya lo hicimos nosotros, llegará a la conclusión de que esta deuda es ilegal. Todo lo actuado fue ilegal, y no sólo las opciones que se tomaron no iban a proteger el patrimonio público, sino a fortalecer a los bancos. Esto depende ahora de la resolución de la CSJ.

En segundo lugar, se está diciendo que hubo un gran fraude. Probalo. Si no se puede probar y acusás diciendo que hay opiniones de expertos que lo dicen, hay otros que opinan lo contrario. Se necesitan pruebas. La Contraloría lo que tenía que hacer es auditorías, y esto lo conversamos con el contralor Luis Ángel Montenegro, quien reconoció que la ley los obligaba a hacer auditorías.

Pero queda el tercer tipo de actos ilegales, que son los actos individuales, y ahí yo sí creo que existen pruebas. Pero las otras dos se cayeron cuando la Corte dice que no sólo se pronunciará en base a consideraciones jurídicas, sino por otras consideraciones. Ahí se caerá la mayor parte de responsabilidades, y se pueden caer por negligencia de quienes debieron hacer las auditorías. Sólo queda el tercer tipo de acusados, debido al manejo por consideraciones políticas de este caso. ¿Por qué si el Presidente de la República dice que la emisión de los cenis es un hecho delictivo, orienta renegociar esta deuda, si dice que es el resultado de un hecho delictivo?

¿Este tipo de conducción política a este proceso lo esperaban ustedes cuando iniciaron la batalla por esclarecer estos hechos?
Nosotros hemos hecho la denuncia, como es nuestra responsabilidad, y hemos hecho un acto de contraloría social. Cuando la Contraloría ha actuado correctamente, lo hemos dicho; cuando la Contraloría, en su última resolución, señaló que no podía establecer responsabilidades por la emisión de los Cenis, ahí es evidente que se hizo por razones políticas, y así lo dijimos.

Según todos los elementos que tenemos, la Fiscalía ha hecho la investigación más exhaustiva, más acuciosa.

¿A pesar de que no tiene auditorías a su disposición?
Es que aun así todo lo actuado fue ilegal. Y eso le da elementos al propio Estado para realizar una auditoría y determinar lo realizado de forma irregular por responsabilidad del Estado. Se ha llegado a un callejón de dos rutas: una donde reconocés la deuda como legal, y otra donde la tratás como deuda delictiva. ¿Cómo se resuelve esto? La Corte Suprema de Justicia va a reconocer la ruta que ha reconocido la deuda como legal, y la ruta de lo encausado como delictivo sólo será válida para dos o tres personas.

¿Un fallo semejante de la Corte corroboraría que esto fue una persecución política?
Mi opinión es que la Corte no tiene más facultad que pronunciarse en estricto apego a derecho, sin otro tipo de consideración. Si el Estado considera que a pesar de que esta deuda fue ilegal, habría que respaldar de todas maneras los depósitos que han sido desprotegidos, podría tomar las acciones necesarias. Pero si la Corte lo que hace es reconocer como legal una ruta que en estricto apego a derecho es ilegal, si se desvía de la ruta legal, lo único que confirma es la desconfianza ciudadana.

La génesis ilegal de los Cenis
El análisis jurídico de la Coordinadora Civil concluyó que la emisión de los Certificados Negociables de Inversión fue un acto ilegal, tal como lo consideró también posteriormente la Contraloría General de la República.

Los Cenis, según la Ley Orgánica del Banco Central, son títulos valores que se emiten para regular exclusivamente la liquidez monetaria, y constituyen deuda propia del Banco Central. Ningún funcionario público, recuerda Acevedo, tiene más facultades que aquella que le otorga las leyes y la Constitución.

“Cuando el Consejo Directivo del Banco Central decidió emitir Cenis para cubrir la brecha entre los activos y pasivos de los bancos liquidados, incurrió en un acto para el cual no tenía ninguna facultad, y por tanto incurrió en un acto ilegal”, señala el economista.

De igual modo, el Consejo Directivo facultó al BCN la potestad de valorar la cartera de los bancos liquidados, facultad que no le compete conforme a la ley, sino a la Superintendencia de Bancos o a las Juntas Liquidadoras.

Si la emisión de los Cenis fue ilegal, tal como lo estableció la Contraloría General de la República, también la renegociación de 2003 y la emisión de los nuevos Bonos Bancarios constituirían un acto ilegal. “Lo mismo aplica para la subasta”, considera el economista Adolfo Acevedo.

De igual manera, fue ilegal que el Consejo Directivo del BCN se haya tomado la atribución de reclasificar la cartera de los bancos quebrados y la propia subasta de los bienes.

Además de eso, hay elementos que indican que se cometieron actos irregulares y fraudulentos para inflar deliberadamente el monto de los Cenis emitidos, y también existe evidencia de que individualmente varios funcionarios públicos se involucraron en actos ilegales. Por eso se habla de un fraude de 600 millones de dólares.

“Está pendiente una resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad de los Cenis, y ya varios magistrados influyentes han dicho que la Corte tiene que tomar otro tipo de consideraciones, y tendrían que legalizar ex post la actual renegociación. Pero si ellos consideran que la actual renegociación es legal, están reconociendo esta deuda como legal”, advirtió Acevedo.

Pero la CSJ no está facultada para tener más consideraciones que las legales. En cambio, sostuvo Acevedo, el jefe de Estado puede tener en cuenta otras consideraciones y enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que se emitan títulos legales de deuda pública por parte del Ministerio de Hacienda, para reconocer aquella parte de una deuda que mediante auditoría se demuestre que fue adquirida efectivamente para respaldar depósitos, y se desconoce la deuda irregular.

En el caso del Banpro, “que está cargado de Cenis”, se pueden tomar provisiones especiales, sugirió.


“Hay un doble manejo”
* Hay la impresión de que el doble manejo oficial del presidente Daniel Ortega y de las instituciones del Estado sobre el caso de los Cenis obedece a una estratagema política, advierte Adolfo Acevedo.

* “Por un lado, frente a los tenedores de estos títulos la deuda se maneja como si fuera legal y legítima. Pero por otro lado, se establece presunción de responsabilidad penal y se inicia una investigación penal, mientras se hace una campaña pública diciendo que los únicos responsables son Eduardo Montealegre y Jaime Chamorro; esto crea confusión y va generando desconfianza”, señala.

* Lo que más genera desconfianza, reitera Acevedo, “es el control político que existe sobre la Contraloría, la Fiscalía, sobre la Corte Suprema de Justicia, el hecho de que existen razones legítimas para pensar que estas instituciones al final de cuenta van a actuar movidas por las necesidades políticas de los partidos que las controlan”.

* Si la CSJ considera legítima la deuda originada por los Cenis, los únicos actos que se perseguirían serían los actos irregulares en la reclasificación de cartera, por ejemplo, consideró Acevedo.