• |
  • |
  • EFE

El Congreso de Nicaragua rechazó reconsiderar la despenalización de la práctica del aborto terapéutico en el nuevo Código Penal que los legisladores terminaron de discutir tras un año de debate.

La petición fue hecha por la facción minoritaria del Movimiento de Renovación Sandinista, MRS, a través de una moción, en un último intento por levantar las penas que pesan desde hace un año sobre los médicos y mujeres que interrumpen un embarazo aunque la vida de la madre esté en peligro.

La moción, leída por el diputado Víctor Tinoco del MRS, proponía incorporar al Código una eximente de responsabilidad penal a los médicos que deban realizar un un aborto como último "medio posible para salvar la vida de la mujer", previo consentimiento del hospital y la afectada.

La iniciativa fue rechazada por una abrumadora mayoría de diputados del Frente Sandinista, FSLN, del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y de Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, del Congreso, conformado por 911 escaños.

Con la decisión de las tres partidos se enterró la posibilidad de legalizar el aborto terapéutico que la legislación penal nicaragüense contemplaba desde 1870 y que fue abolida en 2006 a través de una ley promovida por el entonces gobierno de Enrique Bolaños (2002-07).

Las sanciones establecen penas de uno a tres años de cárcel a los que interrumpen y consienten el aborto. El Congreso, dominado por sandinistas y liberales, ratificó este año la prohibición en las discusiones del nuevo Código Penal, para no contrariar a la iglesia católica, a pesar de los llamados hechos por grupos médicos, feministas y la comunidad internacional para que reconsideraran su posición.

Nicaragua es uno de los pocos países en el mundo que penaliza el aborto terapéutico, lo que han incrementado las muertes maternas, considerada una de las más altas del hemisferio (90 por cada 100 mil nacimientos vivos), así como los abortos clandestinos, según fuentes independientes.