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Durante el acto de inauguración de la primera reunión de ministros y autoridades de desarrollo social de las Américas, realizado en Reñaca, Chile, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, advirtió que los ciudadanos pueden deslegitimar a un gobierno si éste no es capaz de cumplir con sus obligaciones sociales.

En su intervención, Insulza aseguró que una política social que mire efectivamente hacia el futuro deberá reconocer la existencia de un renovado contrato social entre los ciudadanos y el Estado, en el marco de la democracia contemporánea.

El titular del máximo organismo hemisférico señaló que la principal demanda ciudadana al Estado de hoy ya no es protección física, como en el pasado, sino iguales derechos, incluido el de ver satisfechas todas sus necesidades básicas y a cambio, estos mismos ciudadanos ofrecen legitimidad al Estado.

En ese contexto, dijo, se realiza el evento ministerial, “Protección Social y Gobernabilidad Democrática en las Américas”, que plantea la necesidad de vincular la protección social, entendida como el conjunto de medidas para mejorar o proteger el capital humano de una sociedad, con la gobernabilidad democrática, toda vez que fomente y facilite la incorporación cada vez más plena de todos los ciudadanos al bienestar, progreso y justicia social.


El tema de la pobreza
A continuación, Insulza celebró que una de las sesiones del encuentro esté dedicada al tema de la superación de la pobreza, recordando que en la región más de 50 millones de personas aún no tienen acceso a una alimentación adecuada y que la desnutrición infantil afecta hoy a 9 millones de niños.

También consideró la cuestión del empleo como un tema de preocupación transversal de las políticas sociales, resaltando que “los programas de combate a la pobreza tendrán éxito sólo en la medida que faciliten la inserción productiva de los beneficiarios en el mercado laboral”.

El Secretario General mencionó que “los obstáculos propios de un período que cada vez más asume características recesivas en ciertos países desarrollados, pueden llegar a afectar negativamente los logros obtenidos durante los últimos años en el combate contra la pobreza”.

Enfatizó el hecho de que las últimas estimaciones de pobreza e indigencia presentadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dan cuenta de que la pobreza ha disminuido de un 44 por ciento en 2002 a un 35.1 por ciento en 2007, y la pobreza extrema pasó, en el mismo período, desde un 19.4 por ciento a un 12.7 por ciento.