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Pese a que se el Consejo Supremo Electoral, CSE, prometió solucionar el problema de la entrega de cédulas, que causó los enfrentamientos en San Fernando, Ética y Transparencia, EyT, aseguró que aún no dan respuesta a los más de cuatro mil ciudadanos y piden que se les restituyan su derecho a votar.

Roberto Courtney, Director Ejecutivo de EyT, recordó que en diferentes municipios de Nueva Segovia se movilizaron pobladores para reclamar su cédula, cuando estaba por expirar el período de 90 días que establece la ley para solicitarla, y a partir de los enfrentamientos y pláticas se generó un listado de 4,364 personas que solicitaban su documento de identidad.  

Agregó que el CSE acusó el recibido del listado e indicó que más de dos mil de esas cédulas habían sido emitidas y enviadas para distribución y la otra mitad no aparecía el trámite. En el primer caso Courtney aseguró que si ya se emitieron las cédulas y no se han entregado quiere decir que es un problema de los Consejos Electorales Municipales, que no entregan los documentos.

Mayoría tramitó y “Rivas miente”, dice Courtney
En el segundo caso aseguró que aunque muchos no tienen colillas el trámite se hizo y “en algunos casos en la zona fue posible que se entregara la colilla a algunas personas y en esos casos en que el CSE responde no tener su expediente la colilla demuestra que el trámite fue hecho”, dijo.

“El CSE con este comportamiento está manufacturando un polvorín y lamentablemente el pueblo nicaragüense y ellos mismos probablemente si no se desmantela, tendremos que sentarnos todos en él el próximo seis de noviembre”, aseguró Courtney.

Sobre las declaraciones que diera el presidente del CSE, con término vendido, Roberto Rivas, de que el listado mayor que recibieron era de 900 personas, Courtney respondió: “La experiencia que tiene EyT con el CSE es que cada vez que abre la boca para dar una cifra es mentira. Tenés una circunstancia en que el aparato electoral para resolver el problema dice cualquier cosa y cinco minutos después está empantanado en la mentira”.

Señaló que el “estribillo” de la restitución de derechos debe incluir el “derecho a votar” y el derecho a ser ciudadanos.

Negociación incumplida

De acuerdo a Tomás Ortez Beltrán, miembro de la comisión negociadora, el listado fue entregado, de acuerdo a las negociaciones realizadas en Managua, donde participó esta comisión. “Quisiera que el CSE explicara al pueblo nicaragüense que pasó con esto, si es que no mandaron estos archivos a Managua. Estas personas son miembros de la oposición y el seis de noviembre no van a poder ejercer su derecho al voto. Este fraude lo montaron desde hace tiempo. Estas elecciones son fraudulentas desde ya”, afirmó.


Represión por reclamar cédulas

Rafael Lara
Jairo Contreras, miembro de Rejudin, denunció en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, la agresión de la que fue objeto durante su detención por agentes policiales de Nueva Segovia.

Destacó que no estaba cometiendo ningún delito al momento de la detención y que se violentó su derecho a la organización y a la manifestación pacífica, como parte de la campaña de intimidación que ejecuta el gobierno. Sus consideraciones fueron respaldadas por Marcos Carmona, Director de CPDH y condenaron la actitud de las autoridades policiales por violar los derechos humanos de Contreras.

Ciudadanos denuncian represión en San Juan del Río Coco
Mientras tanto, en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos se presentaron varios ciudadanos para denunciar la represión policial contra los grupos de personas que exigen sus cédulas en San Juan de Río Coco. El ciudadano Francisco Lorente Ruiz, alega que la toma de los protestantes fue pacífica, pero desde el primer día fueron reprimidos por las turbas pro gubernamentales y la Policía Nacional que movilizó un contingente de agentes que ni para detener a la delincuencia ni a los abigeos se había visto movilizar en la zona, donde incluso se utilizó a la técnica canina en la cacería contra los protestantes.

Carlos Alberto Guadamuz, abogado del Cenidh, dijo que solicitarán una investigación de la situación ocurrida y consideró que la problemática proviene de la ausencia de la cedulación, que es un derecho constitucional.