•  |
  •  |

Pese a que el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, no ha querido calificar de fraudulento el proceso electoral del pasado domingo, en su informe preliminar detalla irregularidades que registraron sus observadores a nivel nacional y que van desde la violación al derecho de ver los resultados hasta la intimidación y amenazas a los fiscalizadores.
El día de los comicios el Ipade desplegó a sus observadores en 2,438 Juntas Receptoras de Votos, JRV, las cuales fueron seleccionadas para que al final de la jornada pudieran brindar información representativa y creíble a la ciudadanía.
Esa muestra estaba dividida en 1,168 JRV para resultados de elección de Presidente y en cinco grupos entre 1,400 JRV para elección de diputados. Cabe destacar que el Ipade solo tuvo acceso al 60% de las JRV de esta muestra.

Cifras que pesan
En cuanto a la violación al derecho de ver los resultados, el Ipade señala que en el 34% de las JRV no se pudo ver el cartel de resultados de la votación, en el 44% porque no fue publicado, en el 37% porque los observadores fueron expulsados del Centro de Votación, CV, en el 31% porque cerraron el CV e impidieron el acceso, y en el 22% porque se presentaron disturbios fuera del CV.
También hubo interrupciones al proceso de votación en el 13% de las JRV observadas; en el 57% por incidentes violentos; en el 29% por presencia de grupos partidarios y en el 21% por incidentes varios.

La no acreditación

El Ipade hizo énfasis en la no acreditación y expulsión de los fiscales de la oposición, ya que en el 20% de las JRV de su muestra no hubo presencia de fiscales de la alianza PLI y del PLC por falta de acreditación, o porque se les negó el acceso debido a defectos en sus credenciales.
“La transparencia del escrutinio solamente puede ser verificada por la presencia de observadores dentro de la JRV. La no acreditación de nuestros observadores fue un obstáculo significativo que no permite avalar la transparencia de los resultados”, apunta el informe preliminar el organismo cívico.
Según el documento, los observadores del Ipade fueron intimidados y amenazados en 20 municipios del país por funcionarios de los CV y policías electorales, así como perseguidos por grupos hostiles fuera de los CV.