•  |
  •  |

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, doctora Vilma Núñez, considera que el informe de Dante Caputo ante el plenario de la Organización de Estados Americanos, sobre las elecciones de Nicaragua, refleja de alguna manera parte de lo ocurrido pero no tiene toda la evidencia del atropello durante el ejercicio del derecho al voto, y se limita a un leguaje técnico de organismos internacionales que representan a los Estados y tienen sus compromisos políticos.
“Hay dos cosas muy importantes. En primer lugar en ningún momento Caputo ha avalado el resultado electoral, ni la declaración de elección es transparente. Dijo que hay coincidencias en el conteo rápido de los acompañantes electorales de la OEA con los resultados del Consejo Supremo Electoral. Pero este fue un conteo rodeado de limitaciones que también admiten haber tenido los miembros de la OEA”, destacó Núñez.

La OEA constató
Recalcó que las recomendaciones de este organismo internacional lo que reflejan la serie de anomalías e irregularidades ocurridas antes durante y después de las elecciones, algo que pudieron constatar y apreciar, a pesar del corto tiempo de la OEA en Nicaragua.
“El informe de la OEA es un aporte donde se refleja y se analiza la preocupación de que en Nicaragua no tenemos un sistema electoral transparente que garantice elecciones que correspondan a una verdadera democracia. Cuando un organismo hace recomendaciones las hace observando las carencias del sistema para que las limitaciones se subsanen”, alegó.
Asimismo, criticó el comentario de Caputo, en tanto a que ningún Estado a nivel internacional, ha rechazado las elecciones en Nicaragua, ni se ha pronunciado sobre el mismo. Según Núñez, este debió reservarse, si es que su misión era simplemente de observador.
“Lo que más me preocupa es que siempre a Nicaragua, después de las elecciones, los expertos hacen recomendaciones. Si estas se cumplieran este tipo de problemas no ocurrirían”, dijo Núñez al recordar que incluso sigue sin cumplirse la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recomienda cambios en la Ley Electoral, por el caso Yatama, organización política excluida de participar en las elecciones municipales regionales del Atlántico el cinco de noviembre de 2000.