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Por unanimidad, los diputados ante la Asamblea Nacional aprobaron ayer una Declaración Legislativa en la que respaldan e instan al gobierno a demandar a Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por los daños al medio ambiente y al ecosistema ocasionado por la construcción de una carretera a orillas del nicaragüense río San Juan.

Pese al respaldo a la demanda ante La Haya y la condena hacia el gobierno de Costa Rica, en el documento los diputados exhortan al gobierno de Nicaragua a buscar vías pacíficas para resolver el conflicto, sobre todo, dentro del marco del Sistema de Integración Centroamericana, SICA.

Además, llaman al presidente Daniel Ortega a activar la Comisión Transfronteriza creada mediante la Ley de Régimen de Zonas Fronterizas el año pasado, como parte de las dos leyes que con trámite de urgencia se aprobaron en la Asamblea Nacional precisamente para garantizar la defensa del río San Juan durante el conflicto con Costa Rica por el litigio sobre la zona de Harbour Head.

Llaman a Ramsar verificar en situ
En la Declaración Legislativa los diputados también solicitan a la Comisión Ramsar a realizar una inspección in situ en el lugar donde Costa Rica está ejecutando la obra de la carretera, muy cerca del afluente nicaragüense.

Los legisladores nicaragüenses también responsabilizan al gobierno de Costa Rica, no solo por la destrucción medioambiental por la ejecución de la obra vial, sino también por futuros daños al ecosistema y la biodiversidad, el despale de la zona y la contaminación al río San Juan.

Exhortan a detener construcción de carretera
En el documento se exige al gobierno de Costa Rica a que respete la protección del medio ambiente y lo exhortan a que detenga la construcción de la carretera.  “Nicaragua fundamenta su reclamo en los principios de solidaridad y hermandad entre los pueblos hermanos”, expresan los diputados nicaragüenses en la denominada Declaración del Río e insisten en que el gobierno de Nicaragua debe buscar opciones pacíficas para resolver el conflicto, pero sin renunciar a su derecho de acudir ante la Corte Internacional de Justicia.